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El abogado belga de Puigdemont dice que el registro al domicilio de Boye no afecta a la euroorden pero ve “intimidación”

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont participa en un acto de protesta convocado este domingo ante su residencia en la localidad belga de Waterloo, antes de iniciarse una marcha independentista hasta Bruselas.

EFE

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Los abogados belgas que asisten a Carles Puigdemont en Bélgica señalaron este lunes a Efe que el registro al domicilio del letrado Gonzalo Boye en una operación contra el narcotráfico no afecta a su trabajo en relación con la euroorden cursada contra el líder independentista pero sospechan de un intento de “intimidación”.

“No es un obstáculo en absoluto para nuestro trabajo en Bélgica como tal”, declaró a Efe Simon Bekaert, abogado que junto con su padre, Paul Bekaert, gestiona la defensa ante la Justicia belga del expresidente de la Generalitat en lo relativo a su petición de entrega a España a través de una Orden Europea de Detención y Entrega.

Bekaert, no obstante, subrayó que la coincidencia en el tiempo de esa operación con el caso en Bélgica de Puigdemont, que debe comparecer el próximo 29 de octubre en una vista en un juzgado de primera instancia, podría ocultar un intento de intimidación.

“Sospecho que lo hacen para intimidar”, agregó el abogado.

Gonzalo Boye, que coordina la defensa internacional de Puigdemont, acompañó al político posconvergente la pasada semana en la comparecencia en la sede de la Fiscalía de Bruselas ante un juez de instrucción en Bélgica a propósito de la euroorden reactivada por el Tribunal Supremo contra el político con residencia en Waterloo (Bélgica).

Bekaert señaló que no conoce los detalles de la operación, que ha conocido a través de la prensa, y subrayó que no tiene “nada que ver” con Puigdemont.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la operación que se ha puesto en marcha este lunes y en la que se ha procedido al registro del domicilio y despacho de Boye en Madrid, se enmarca en una pieza separada de la causa por la que Sito Miñanco fue enviado en febrero de 2018 a prisión por un delito de narcotráfico y que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

Derivado de esta investigación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, la juez acordó abrir una pieza separada estrictamente por delitos de blanqueo, que se ha declarado secreta, y en la que se investiga a Boye y a otras personas, por lo que se han ordenado distintos registros, si bien no se han producido detenciones.

Puigdemont, por su parte, ha relacionado la operación con su situación jurídica en un comentario difundido a través de las redes sociales.

“'Lawfare' (guerra jurídica) a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Gonzalo Boye le pretenden dificultar su trabajo. No lo conseguirán”, señaló en Twitter el expresidente autonómico huido a Bélgica en 2017.

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