Rafael Catalá defiende la legalidad de que el Gobierno requiera al fiscal que actúe

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado que la ley permite que el Gobierno pueda interesar de la Fiscalía General del Estado la realización de actuaciones en pro del interés general y no ha descartado que el Ejecutivo, que en estos años no ha hecho uso de esa prerrogativa, pueda hacerlo.

“No sería nada extraordinario” porque en el pasado ya lo han hecho otros gobiernos y se ha convocado al fiscal general para que actuara en asuntos de especial relevancia, ha subrayado el ministro.

Y lo ha hecho en el pleno del Senado en respuesta al parlamentario de En Comú Podem Joan Comorera, quien le ha preguntado si cree que el Ministerio Fiscal es un instrumento al servicio del Gobierno y que pueda utilizar para ejecutar su política criminal.

Una pregunta que le ha hecho después de haber oído al ministro en una emisora de radio decir que la Fiscalía “puede recibir instrucciones por escrito”, ha indicado el senador Comorera.

“En lo que cree este Gobierno es estrictamente en la ley”, en las normas aprobadas por las Cortes, entre ellas la configuración de la Fiscalía como un órgano de interés general, al servicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos, le ha replicado Catalá.

Pero su respuesta no ha satisfecho al senador, quien ha insistido en que no es lo mismo “dar instrucciones que interesar” y ha considerado que Catalá no era una persona de fiar porque declaraciones como las que hizo en la radio “ponen en cuestión su idoneidad para el ejercicio de su cargo”.

“La Fiscalía es autónoma y tiene que parecerlo”, ha añadido Comorera antes de asegurar que este Gobierno le da “mucho miedo”, y más cuando quiere que la Fiscalía se haga cargo de la investigación en los procesos judiciales.

Catalá le ha reiterado su convicción de que el fiscal defiende el interés general, como dice la Constitución y su estatuto orgánico, cuyo artículo 8 dice así: “El Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”.

Esa comunicación debe hacerse a través del Ministerio de Justicia y por escrito. “Así funcionan las cosas”, ha precisado Catalá, quien ha resaltado que en los dos años como titular de ese departamento no ha utilizado ese procedimiento, pero no descarta que pueda hacerlo como se ha hecho en el pasado.