Rajoy no ha olvidado al núcleo duro del Partido Popular

Antes de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de estar dominado por su ideología. La asignatura de Educación para la Ciudadanía, el aborto como un derecho de las mujeres y la ley de Memoria Histórica, entre otros asuntos, eran “ideológicos”. Como contraste, Rajoy prometía un Gobierno “previsible, creíble y solvente”. La idea era “solucionar los problemas reales y no crear nuevos”.

En el año escaso que lleva al frente del país, el Gobierno ha emprendido varias reformas que atienden más a la forma de pensar de los votantes más conservadores del PP que a la necesidad de solventar problemas comunes a la mayoría de los ciudadanos. Alberto Ruiz Gallardón y José Ignacio Wert son los principales encargados de aplicar políticas ideológicas. Estas son algunas de las más importantes:

1. Ley del Aborto o “del derecho de ser madre”

Cuando el Gobierno socialista presentó en diciembre de 2009 en el Congreso la ley del aborto, la portavoz del PP anunció que la norma “les privaría del derecho de ser madres”. Sandra Moneo, entonces embarazada, también auguró que la llamada píldora del día después se repartiría “como caramelos” en las farmacias y poco menos que las menores acudirían en masa para abortar sin que sus padres supieran nada. Ninguna de esas situaciones apocalípticas llegó a darse.

Mientras la ley socialista sigue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia se ha puesto manos a la obra para cambiar la ley sin esperar a que el tribunal resuelva el recurso. Primero anunció su deseo de “proteger” a las mujeres que, en su opinión, abortaban por “violencia estructural”. Puestos a proteger, también incluyó en su discurso una vieja reivindicación de la Iglesia y de las asociaciones antiabortistas: “los derechos del nasciturus”. Con la nueva ley, se prohibirá interrumpir el embarazo por malformación del feto.

2. Nueva ley de Educación para corregir el fracaso escolar

Frente al problema del fracaso escolar, el ministro José Ignacio Wert ha anunciado una nueva ley de Educación. Por el momento, él y los consejeros autonómicos de Educación del PP han decidido aumentar la ratio de niños por clase, ampliar el horario de los profesores, eliminar las becas para comedores y libros de texto, subir las tasas y recortar en profesores interinos.

Junto a Ruiz Gallardón, Wert es el otro miembro del Gabinete que más afán ha demostrado por defender posiciones conservadoras. Defiende la educación que separa a niños y niñas en la escuela, la recentralización de contenidos y la necesidad de “españolizar a los niños catalanes”. Su respuesta a los padres y madres, alumnos y profesores que critican su gestión o secundan las protestas es llamarlos “extremistas” o “radicales de ultraizquierda”.

3. El Código Penal más duro de la democracia

Gallardón ha endurecido el Código Penal y aprobado medidas como la cadena perpetua revisable y la custodia de seguridad, dos medidas de dudosa constitucionalidad. Otras medidas legales han sido propuestas por su colega de gabinete, Jorge Fernández Díaz, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o el director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Frente a las manifestaciones contra las políticas del Gobierno, varias de sus respuestas han consistido en proponer que se reprima a los ciudadanos que participen en ellas. Se plantea modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para “defender el honor” de las fuerzas de seguridad y protegerlas de “injurias en Internet” a base de prohibir la difusión de su imagen. Se habla de convertir en delito llevar la cara tapada o “modular” el derecho de manifestación.

4. Inmigrantes sin tarjeta como pacientes de segunda

Hace tiempo que desde los sectores más conservadores se defiende que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria aunque sin datos que lo respalden. Después de la reciente expulsión del sistema público de salud de los que no posean tarjeta sanitaria, Ana Mato ha propuesto que se paguen pólizas que pueden costar hasta 1.800 euros.

5. Pagar para que la justicia sea gratuita

El titular de Justicia también defiende que la mejor forma de garantizar que sea gratuita es pagar más por ella. Frente a las nuevas tasas judiciales y al aumento de las que ya existían, Gallardón niega que la Justicia acabe siendo un privilegio de ricos. Su argumento es que así se garantiza que los ciudadanos con menos recursos puedan acceder a ella.

6. Privatización de la Sanidad

En comunidades como las de Valencia o Madrid, las empresas empezaron a gestionar los hospitales. En Madrid hubo que rescatar a algunas concesionarias, que amenazaron con colapsar si no se les aumentaban los fondos. Los seis de gestión semiprivada vieron cómo se les aumentaba el canon en los presupuestos de 2010.

7. El voto de la “diáspora vasca”

En próximas elecciones autonómicas vascas, podrán votar los ciudadanos que salieron del País Vasco y Navarra. Bastará con acreditar que vivieron allí durante cinco años después de junio de 1977 y con afirmar que dejaron de hacerlo por la amenaza del terrorismo. No será necesario demostrarlo. Esta reforma de la ley electoral plantea muchas dudas a todos los partidos, excepto al PP y UPyD. Algunos, como el PSOE, alaban la medida a la vez que alertan de su electoralismo. El PNV denuncia que es un “pucherazo”. El máximo responsable del informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, lo ve “perfectamente constitucional”.