Rajoy rescata ahora los asuntos que ninguneó en sus cuatro años de Gobierno
Cuando Laia Ortiz, diputada de ICV en la anterior legislatura planteó a los diputados del PP qué harían si tuvieran que escoger entre encender la calefacción o cenar, el PP fue el único partido que se negó a votar a favor de la proposición de ley. Su argumento fue que la reforma laboral y otras medidas económicas ya permitían luchar contra la desigualdad. Dos años después, y con muchas posibilidades de no repetir en La Moncloa, Mariano Rajoy ha rescatado el problema. En su documento para acercar posturas con Ciudadanos y el PSOE, el presidente en funciones habla de crear “un fondo nacional para atender a situaciones extremas de pobreza energética”. No es el único asunto que incorpora a sus preocupaciones. También propone concentrar los recursos económicos en los más desfavorecidos para asegurar una protección social homogénea y alcanzar un pacto de Estado en Educación.
A diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2013, cuando el PP votó en contra de que se cortara la luz o el gas a quienes no podían pagarlo, Rajoy trata de luchar contra el estigma de Gobierno insensible con los más pobres. “Planteamos poner el foco en el apoyo a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad”, reza el documento que el PP ha difundido después de que su líder se reuniera con Albert Rivera y que también ha sido remitido a Pedro Sánchez un día antes de reunirse con él.
En ese apartado, el partido del Gobierno en funciones asume la necesidad de ponerse de acuerdo con socialistas y Ciudadanos en que hay que “ordenar, actualizar y mejorar los recursos y la gestión” para “asegurar una protección social homogénea a los ciudadanos que atraviesan mayores dificultades”. El problema, según el estudio que difundió la Asociación de Ciencias Ambientales, afectaba al 17% de los hogares en España, lo que supone que más de siete millones de ciudadanos tenían problemas para pagar la luz o el gas. El 10% de los ingresos iba destinado a pagar esas facturas.
Entre los asuntos recuperados por el líder del PP también figura un pacto de Estado por la Educación. Después de sacar adelante con su mayoría absoluta una ley de educación contra la opinión de todos los sectores implicados, el PP plantea ahora poner de acuerdo a todos los partidos. En realidad, vuelve a plantear la LOMCE solo que sin citarla. La llamada ley Wert, en memoria del ministro que más posiciones en contra ha cosechado, fue vendida por el Ejecutivo como el remedio contra el abandono escolar temprano y la recuperación de la autoridad del profesor.
El texto llama a lograr un acuerdo global para “favorecer la empleabilidad desde el sistema educativo” y convertir en clave el papel de los profesores en la mejora del sistema. También insiste en la Formación Profesional dual y en la mejora de la universidad española para favorecer la equidad entre los estudiantes. El número de matrículas universitarias ha descendido en el último año más que en los dos anteriores debido al aumento de las tasas y la política de becas. Es una tendencia que empezó en 2012 y se aceleró en los años siguientes.
También en este apartado, los conservadores dicen compartir la necesidad de llegar a un gran acuerdo en materia de Ciencia, Innovación e Investigación. La propuesta no entra en más detalles, aunque contrasta con la situación de precariedad del sector. Desde que el PP está al frente del Gobierno, la inversión en Ciencia se ha recortado un 25% y supone haber retrocedido a lo invertido en el año 2000, según un estudio del sindicato CCOO.
El acento de Rajoy en capítulos casi olvidados durante su gestión busca favorecer el apoyo de partidos que han denunciado estas carencias del Gobierno en los últimos cuatro años. El PP trata de luchar así contra la imagen de insensibilidad hacia los más desfavorecidos y sus recortes en pilares del Estado del bienestar como es la Educación. A pesar de llamar ahora al acuerdo de todos los partidos, el PP despreció el pacto cuando quien lo impulsaba era el entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo. María Dolores de Cospedal, por parte del PP, estuvo a punto de firmar el acuerdo. Las posibilidades de que su partido alcanzara el poder les convenció de dar marcha atrás en el último momento.
