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Rajoy dice que la Ley de Seguridad Ciudadana pretende garantizar la “libertad”

Rajoy niega que la ley de seguridad ciudadana sea una mordaza a los españoles

EFE

Madrid —

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado este miércoles que la futura ley de Seguridad Ciudadana pretenda imponer una “mordaza” a los españoles que quieren protestar en la calle en contra de las medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo.

“En absoluto”, ha respondido Rajoy al ser preguntado en los pasillos del Congreso si esa futura norma puede suponer una “mordaza” para los ciudadanos como denuncia la oposición.

Rajoy ha asegurado que el único objetivo de ese anteproyecto es cumplir la obligación que tiene el Gobierno de garantizar “la seguridad y la libertad” de todos los ciudadanos y ha subrayado que será debatida en el Parlamento, donde los diferentes partidos podrán aportar sus argumentos a favor o en contra. En esta misma línea se pronunció el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que destacó que los detalles que se conocen del proyecto corresponden a un borrador que debe someterse aún a los informes pertinentes y al debate parlamentario.

El Gobierno analizará en un próximo Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que pretende castigar con multas de hasta 600.000 euros la convocatoria de manifestaciones alrededor del Congreso. También castgará los escraches, la quema de contenedores y aumenta las penas por agresiones a las fuerzas de seguridad. También prohíbe a los asistentes a manifestaciones ir encapuchados.

El Gobierno y el PP sostienen que esas propuestas no suponen ningún cambio, sino que se trata de llevar a la vía administrativa los delitos que han dejado de ser faltas en el nuevo Código Penal.

La oposición en bloque ha rechazado la propuesta del Gobierno, aunque Interior señala que es pronto para hacer valoraciones porque todavía no se conoce la letra pequeña del texto. El PSOE ha calificado el anteproyecto de iniciativa de “represión ciudadana” impropia de un sistema democrático. La Izquierda Plural considera que la reforma pretende “criminalizar” la protesta social y la ha tachado de “patada en la boca de la democracia”.

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