Rajoy, tras sentencia del TUE sobre los astilleros: “De vez en cuando viene bien que le den a uno alguna buena noticia”

“Realmente es una excelente noticia de la que yo me encuentro muy satisfecho. De vez en cuando viene bien que le den a uno alguna buena noticia”, ha dicho Rajoy en declaraciones a los medios al término de la primera jornada de la cumbre, preguntada por la sentencia del tribunal europeo.

Rajoy ha reconocido que la sentencia es “una batalla que nos podía haber generado problemas importantes” dado que “es un sector del que viven muchas personas” y “del que siempre se han ocupado todos los gobiernos” y el propio sector “intenta preservarlo”. “Estoy muy satisfecho”, ha insistido.

En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, que las medidas podían “falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales” entre Estados miembros, “no está suficientemente motivada”.

ANTECEDENTES

El caso se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

El sistema denunciado por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de leasing y una agrupación de interés económico (AIE).

En su sentencia, el TUE considera “errónea” la conclusión de que las AIE se beneficiaron de una ayuda estatal, “puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema” de bonificaciones.

También cree un error declara que existía una ventaja selectiva para estas agrupaciones e inversores, porque cualquier empresa “sin distinción” podía realizar las operaciones requeridas como condición para acogerse al régimen de ayudas.

Al declarar el sistema ilegal, la Comisión estableció que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas había propuesto que se recuperaran los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que abogaba por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.