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Ratifican deportación exministro salvadoreño condenado por crímenes de guerra
Un tribunal de apelaciones de EE.UU. ratificó la decisión de un juez de Miami de deportar al exministro de Defensa salvadoreño José Guillermo García, de 82 años, condenado en 2002 por crímenes de guerra y residente en Florida, informó hoy el Centro por la Justicia y Responsabilidad (CJA).
Este martes, un tribunal de apelaciones confirmó la orden de deportación contra García dictada por el juez de inmigración de Miami Michael C. Horn, que había sido apelada por la defensa del exministro, señaló en un comunicado Lisa Cohen, directiva de CJA.
El contenido de la sentencia emitido por esta instancia judicial no ha salido todavía a la luz pública, aunque el New York Times ha presentado un requerimiento legal para tener acceso al fallo.
La decisión, a juicio de esta organización en defensa de los derechos humanos, confirmó las “amplias conclusiones aportadas por el magistrado Horn de que el exministro asistió o participó en uno de los crímenes más atroces contra los derechos humanos perpetrados en El Salvador en la década de 1980”.
El juez había dictado la orden de deportación en febrero de 2014.
El exministro fue juzgado en Florida en el año 2012 por crímenes de guerra, en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.
El caso arrancó en 1999 tras la demanda presentada por CJA contra el exministro García y también contra el general Carlos Eugenio Vides Casanova.
El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, amparado en una ley de 2004 que permite expulsar del país a violadores de derechos humanos, llevó el caso a un tribunal de inmigración de Florida, donde se dictó la orden de deportación.
En su escrito el juez consideró “inconcebible” que la tortura a gran escala que se produjo en El Salvador entre 1979 y 1983 pudiera llevarse a cabo sin el conocimiento del entonces ministro de Defensa y añadía que el propio García “protegió” a los torturadores, negó las masacres e impidió la investigación de los asesinatos.
Según el fallo judicial, hay pruebas suficientes de que el exministro de Defensa participó en once crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante su etapa al frente de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la sentencia, el exministro salvadoreño estuvo implicado en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, así como en las masacres de más de mil campesinos en la región de Mozote, en 1981.
Además, se le relaciona también con el asesinato de cuatro monjas estadounidenses, también en 1981 en El Salvador, y de la tortura de de ciudadanos salvadoreños.
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