Reclamados por China por estafa pedirán asilo si España accede a su entrega

La Audiencia Nacional ha celebrado hoy las vistas de extradición de una docena de chinos detenidos en 2016 por estafa, en las que la Fiscalía se ha mostrado a favor de su entrega a China, mientras que la defensa de algunos de ellos ha anunciado que pedirá su asilo a España si el tribunal concede la extradición.

El abogado de 116 de los detenidos, Nielson Vilela, ha explicado a la salida de la vista su intención de solicitar asilo si la Audiencia Nacional acaba pronunciándose a favor de su extradición a China, una vez que se celebren las vistas de los 269 detenidos en diciembre de 2016 en la operación Wall.

Los reclamados, acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, llevaron a cabo 839 estafas por un valor de 120 millones de yuanes (más de 16 millones de euros) desde marzo de 2016 mediante timos telefónicos organizados en España.

Hacían pensar a sus víctimas que estaban siendo investigadas por las autoridades chinas y les pedían dinero a cambio de poner fin a esas ficticias pesquisas policiales.

Del total de los arrestados, 116 aseguran ser taiwaneses y el resto chinos, según Vilela, que ha explicado que está pendiente de la resolución de varios recursos, uno de ellos presentado ante el Tribunal Supremo, en el que solicitó que se anulase el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno dio luz verde al proceso de extradición.

Según este abogado, las peticiones de extradición por parte de China son nulas al haber sido suscritas por un fiscal y no por la autoridad judicial y ha recordado que a uno de los presuntos integrantes de esta red que huyó a Eslovenia la juez denegó a China su entrega por este motivo.

Durante las vistas celebradas hoy, el fiscal Carlos Bautista se ha mostrado a favor de la entrega de los arrestados en tanto que considera que China es competente para investigar los delitos que se les imputan, que es ahí donde se encuentran todas las víctimas de la estafa y que la Audiencia Nacional ya se opuso a reabrir el caso en España.

“¿Alguien considera seriamente que en vez de extraditar a 200 ciudadanos a la República Popular China vamos a traer aquí a 5.000 ciudadanos chinos?”, ha dicho Bautista en alusión al número de víctimas.

Por su parte, las defensas de los arrestados han mantenido que España es la competente para investigar el caso y han aportado un informe de Amnistía Internacional en relación a la situación de los derechos humanos en China, donde existe la pena de muerte.

Vilela, que defiende a la mayoría de los detenidos que han comparecido hoy, ha reivindicado que sus clientes son taiwaneses y que no pueden ser entregados a China porque “Taiwán es un país en toda regla” y que el proceso debe llevarse en España porque es donde se produjeron las detenciones.

Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado que “China es un país fiable” mientras que Taiwán es un “ente” con el que España no tiene relaciones internacionales y que entregarlo a Taiwán equivaldría a “una burla al Estado de Derecho y supondría impunidad”.

Y ha añadido que para alegar que la entrega de los detenidos a China conllevaría un peligro para ellos habría que justificar una amenaza específica y no “cuestiones genéricas”.

El abogado de los arrestados también ha puesto en cuestión la composición del tribunal que valorará las extradiciones, en tanto que dos de sus magistrados -Enrique López y Eloy Velasco- integran la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un órgano de segunda instancia al que las partes podrían acudir si no están de acuerdo con la decisión del tribunal.

Por lo tanto, los mismos jueces que deciden sobre la entrega de los ciudadanos chinos serían los que se manifestarían sobre los recursos a su propia decisión.

Esta circunstancia se ha producido dado el alto volumen de trabajo de la Audiencia Nacional que en julio llevó a su presidente, José Ramón Navarro, a acordar reforzar las secciones de lo Penal con ambos magistrados mientras entra en funcionamiento dicha segunda instancia.

También ha cuestionado el abogado que los jueces sean distintos a los que formaban parte del tribunal de la sección primera, que se encargó de tramitar estas primeras peticiones de entregas hace meses.