Reclaman al Congreso que tramite con calma la reforma de la Ley de Contratos, herramienta clave contra la corrupción

Se trata de dos proyectos de ley aprobados por el Gobierno como trasposición de directivas europeas y que la Mesa del Congreso calificó en su última reunión, aceptando la petición del Gobierno de tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos a la mitad, y que se diera a la Comisión de Hacienda competencia legislativa plena, lo que se traduce en que no pasará por el Pleno.

Aunque aceptó la tramitación rápida, la Mesa del Congreso ya avisó de que no dejará que sea un paso fugaz por el Parlamento y que será flexible para dar tiempo a que los grupos estudien los textos y presenten enmiendas, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

SIN PLENA NI GLORIA

En cualquier caso, desde la Fundación Civio insisten en que una norma “tan importante y compleja” como la Ley de Contratos no sólo debería pasar por el Pleno sino que tendría que debatirse “en profundidad” entre los grupos parlamentarios y con la participación de la sociedad civil.

Aún aceptando que la transposición de la directiva europea es “urgente” y que debería haberse producido el pasado mes de abril, recalca que la urgencia de esas medidas “no justifican” que se “ignore” la necesidad de un debate y una reflexión “profundos”.

“Esta ley no puede aprobarse sin apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por las Cortes”, señala Civio, incidiendo en la importancia de que se aproveche la oportunidad para aprobar una reforma que frene “el constante goteo” de casos de corrupción vinculados a la contratación pública.

¿CUÁLES SON LAS MEJORAS?

Además, la Fundación Civio denuncia que el Gobierno no haya publicado aún el proyecto de ley y, por tanto, se desconozca cuáles son las nuevas aportaciones que ha hecho al anteproyecto que en su día presentó.

Un anteproyecto que no incluía aspectos que desde la citada fundación consideran fundamentales para mejorar la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas, como es limitar el uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación.

Además, aboga por crear un organismo independiente y con capacidad sancionadora que vigile la contratación pública, y por promover que la transparencia en la contratación no se limite a las posibles empresas participantes, sino que se transforme en “una auténtica rendición de cuentas” ante los ciudadanos que incluya publicidad efectiva sobre el proceso y “sin trabas”.