Reclaman al presidente de Indonesia una moratoria y abolir la pena capital

Un grupo de organizaciones pro derechos humanos reclamó hoy al presidente de Indonesia, Joko Widodo, paralizar las ejecuciones, reinstalar una moratoria y abolir la pena capital.

El colectivo, formado por 42 asociaciones de más de 30 países, condenó en una carta la decisión del presidente de rechazar la clemencia para los diez presos que está previsto sean ejecutados en una fecha aún no fijada, tras ser hallados culpables por narcotráfico, en la segunda ronda de condenas.

El pasado 18 de enero, seis presos extranjeros (una indonesia, un brasileño, un holandés, dos nigerianos y una vietnamita) fueron ejecutados por pelotones de fusilamiento formados por 12 personas en dos penitenciarías del centro de la isla de Java.

“Su negativa a conceder el indulto a seis narcotraficantes en enero fue decepcionante y un paso en la dirección equivocada. Autorizar más ejecuciones ha empañado la imagen internacional de Indonesia y ha perjudicado las relaciones entre Yakarta y varios países”, remarca la carta enviada al jefe del Ejecutivo.

“Además, la decisión de su Gobierno a intervenir para salvar la vida de los cerca de 230 indonesios que han sido condenados a muerte en el extranjero es completamente incompatible con su resolución de autorizar ejecuciones en Indonesia”, señala la misiva.

Cuatro de los presos, dos australianos, un nigeriano y un filipino, han sido trasladados a la prisión de Kerobokan en la localidad de Cilacap, el punto más cercano dentro del territorio continental indonesio a la isla prisión de Nusakambangan, donde se ejecutará la condena a muerte.

El Gobierno indonesio ha pedido que se respeten sus leyes y defendido el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas.

Widodo, otrora visto como un reformista pro derechos humanos, se ha mostrado inflexible y ha insistido en que no se concederá clemencia a los culpables de tráfico de drogas.

“No hay evidencia empírica concluyente de que la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas tenga un efecto disuasorio sobre el tráfico y consumo de estupefacientes”, expresa el grupo.

Las organizaciones también se mostraron preocupadas por las declaraciones de la Administración en apoyo a la “guerra contra las drogas” en Indonesia.

Según el colectivo, bajo este lema los gobierno de la región han cometido “graves violaciones contra los derechos humanos”, como “ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias”, que terminaron en un “fracaso estrepitoso”.