Reforman una ley salvadoreña para proteger a universitarias de violencia machista

La Asamblea Legislativa de El Salvador reformó este jueves el artículo 12 de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres con el sentido de proteger a las estudiantes universitarias de ataques machistas y abusos, informó dicho órgano de Estado.

La reforma, aprobada con los votos de 46 diputados de los 84 presentes en el Congreso, supone la incorporación de un inciso que establece que los centros de estudios superiores deben “sancionar las prácticas de discriminación y violencia de género”.

La universidades también deberán “reglamentar internamente las acciones de detención de casos de ataques machistas” y “elaborar y aplicar protocolos para la prevención de toda forma de violencia contra las mujeres”, señaló la fuente.

La enmienda a la ley fue propuesta por los diputados que conforman la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa.

Amnistía Internacional (AI) considera a El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidio de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.

Entre el 1 de enero hasta el 13 de mayo del año en curso, última actualización de datos, al menos 120 mujeres fueron asesinadas en El Salvador, en circunstancias que no fueron especificadas, según la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades atribuyen la mayoría de las muertes violentas, incluidos los homicidios de mujeres, a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen más de 60.000 miembros.

Las tasas de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registradas entre 2015 y 2018 colocan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, pese a que no se encuentra en guerra.

Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.