Reus recurre la suspensión del veto al burka del TSJC por un defecto de forma

El Ayuntamiento de Reus ha recurrido la decisión del TSJC de suspender cautelarmente la prohibición de usar el “burka” en espacios públicos, prevista en las Ordenanzas de Civismo y Convivencia, por un defecto de forma.

El alcalde Carles Pellicer (CiU) ha advertido que no darán “ni un paso atrás” en este asunto.

Las ordenanzas, que se aprobaron el pasado 18 de julio, fueron recurridas por ocho colectivos musulmanes, y el pasado 29 de enero el TSJC suspendió los artículos de la normativa municipal que prohíben permanecer en la vía pública y acceder a los autobuses, instalaciones o locales municipales con ropa o elementos que dificulten la identificación.

Carles Pellicer ha asegurado hoy en rueda de prensa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) “ha cometido un error grave”, ha reiterado que las ordenanzas son “impecables” y ha recordado que la Guardia Urbana elabora un protocolo para poder identificar a las mujeres con velo integral.

Sin embargo, se da el caso que los demandantes recurrieron las ordenanzas aprobadas inicialmente el 28 de febrero del año pasado, pero las definitivas aprobadas el 18 de julio cambiaron los términos “burka” y “nicab” por “vestimenta que oculte el rostro”.

Este cambio obedeció a unas alegaciones del equipo de gobierno para modificar sus propias ordenanzas y enfatizar el criterio de la seguridad y no las connotaciones religiosas, según explicaron entonces.

Las ordenanzas prevén multas de 750 euros a quien oculte el rostro, aunque un informe del secretario municipal advirtió al consistorio que, si se multaba a mujeres vestidas con velo integral, se puede cometer un delito de prevaricación.

En España, el uso del velo integral no está legislado, y la máxima jurisprudencia es una sentencia del Tribunal Supremo que prioriza la libertad religiosa y niega competencias a las ordenanzas municipales para regularlo, al ser un derecho constitucional.

Pellicer ha explicado que su recurso tiene por objetivo “deshacer una decisión judicial que puede poner en riesgo la seguridad pública, la tranquilidad y la convivencia” que intentan preservar en la ordenanza de civismo.

“No hay una regulación superior, porque nadie se ha atrevido”, ha espetado el alcalde y ha considerado que este vacío legal “deja a los municipios en una situación de indefensión”.