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Rita Barberá tendrá que votar las medidas sobre corrupción que exige Ciudadanos

Rajoy y los dirigentes del PP se aplauden mutuamente antes del Comité Ejecutivo Nacional.

elDiario.es

Algunos de los miembros del PP que tendrán que refrendar la condición de que no haya imputados ostentando un cargo público o eliminar los aforamientos no están libres de sospechas de corrupción. Rajoy someterá a votación de su Comité Ejecutivo Nacional las seis propuestas de Rivera, entre las que está que los políticos imputados abandonen su cargo o que se acabe con los aforamientos. Entre los integrantes de este órgano de dirección están Rita Barberá, Ana Mato, Ignacio González o Vicente Martínez Pujalte.

La exalcaldesa de Valencia es una de las personas sobre las que pende la espada de Damocles de la imputación, especialmente después de que la Fiscalía pidiera al Supremo que investigue a Barberá por blanqueo en el PP de Valencia. En esta petición al Alto Tribunal, el fiscal considera “incoherente” que no sea procesada por el pago de un donativo de 1.000 euros que ella misma reconoció cuando todos los concejales que lo realizaron sí lo están.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PP también está la exministra de Sanidad Ana Mato, que se vio obligada a dejar su cargo después de que el juez Pablo Ruz constatase que se había lucrado gracias a la trama Gürtel.

Ignacio González también tendrá que votar si quiere que las listas electorales estén libres de imputados por corrupción política (actualmente 'investigados'). Figura como vocal electo del Comité Ejecutivo Nacional. Él lo está por el caso de su ático en Estepona, acusado de cohecho y blanqueo de capitales. El antiguo presidente de la Comunidad de Madrid también está salpicado por la gestión del Canal de Isabel II durante su mandato y que su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, ha llevado a la Fiscalía.

A Barberá, Mato y González se les suman otros miembros del órgano de dirección del PP como Lucía Figar, investigada en la operación Púnica, o Vicente Martínez Pujalte, a quien la Fiscalía atribuye delitos de falsedad y cohecho por los pagos irregulares que recibió de una constructora.

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