Roca dice que obedeció a Jesús Gil para construir una desaladora en Marbella

El cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha asegurado hoy en el juicio por malversación de caudales públicos en la construcción de la planta desaladora de Marbella que “obedeció” al fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil y a su mano derecha, el jefe de la asesoría jurídica municipal, José Luis Sierra.

Roca, que lleva en prisión desde el 29 de marzo del 2006, se enfrenta por este procedimiento a una pena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por el delito continuado de malversación, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años por prevaricación administrativa.

“Fui utilizado de forma descarada”, ha subrayado Roca, que ha insistido en numerosas ocasiones durante su declaración que en este caso siempre cumplió órdenes de Sierra ya que era el asesor jurídico y mano derecha de Gil, “yo soy ingeniero, no soy abogado”, ha apostillado.

El juicio ha comenzado hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados sólo estaba sentado Roca ya que el abogado, José Luis Sierra, acusado de malversación de caudales públicos, padece Alzheimer y “no es consciente de sus actos”, según el fiscal.

Ha sido la primera ocasión en la que Roca durante un juicio afirma haber recibido órdenes durante su etapa en Marbella, ya que siempre se le ha considerado el “jefe” de todos los asuntos urbanísticos, y ha subrayado que quizás Gil tampoco fue conocedor de que Sierra estaba detrás de ciertas sociedades.

Ha negado haberse quedado con dinero de las obras y ha relatado el curso de los 145 millones de pesetas que recibió y que estaban destinados a pagar las futuras expropiaciones, “todos los pagos están justificados”, ha subrayado Roca, aunque ha reconocido haber firmado facturas falsas.

Según Roca, en este caso, su papel era sólo el de obtener suelo de la forma más barata para no tener que expropiar y que Sierra, que también era asesor de la Mancomunidad en ese momento, fue la persona encargada de contratar a los técnicos y quien fijó los precios.

El fiscal mantiene que desde que Gil asumió la Alcaldía en junio de 1991 se maquinó en la corporación y se ejecutó “un procedimiento de huida del Derecho Administrativo”, lo que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos.

Para ello se crearon sociedades municipales como “una organización paralela”, y esta forma de actuar se extendió al periodo que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Para el fiscal, Roca “fue la pieza clave en todo el entramado municipal y societario” ya que “sus decisiones eran acatadas estrictamente por todos los miembros de la corporación municipal”.

La acusación, en este procedimiento, dice que en 1995 la situación de “pertinaz sequía” obligó a construir una planta desaladora en Marbella y se contrató a la empresa Decosol para su construcción, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión.

Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.

En el proceso de contratación administrativa y control contable “se produjeron graves incumplimientos de la norma”, y en total eran siete las parcelas a expropiar, tarea que se delegó a Roca, pero “no se concluyeron los expedientes expropiatorios y, en algún caso, ni tan siquiera se iniciaron, pese a haberse ocupado”.

Decosol abonó a Planeamiento 2000 SL la cantidad de 150 millones de pesetas, a través de dos cheques bancarios, destinados al pago del justiprecio a los propietarios de los terrenos a expropiar y cuya ocupación ya se había materializado.

Pero Roca, “lejos de cumplir su encargo”, hizo suyos 145 millones y los incorporó a su patrimonio, y además realizó adjudicaciones irregulares y se permitió que Gil, Roca y Sierra desviaran 75.780 millones de pesetas.