Rosa Díez pide crear un registro con todas las causas abiertas por corrupción con políticos y funcionarios implicados

Unión, Progreso y Democracia quiere que el Gobierno cree un registro con todas las causas abiertas por corrupción que aglutine los datos relacionados con cargos electos, funcionarios y autoridades implicadas en las mismas, porque considera que contar con una “radiografía clara de la magnitud de este problema” ayudará a definir las medidas más adecuadas para atajarlo y a evaluar sus efectos en el medio y largo plazo.

Con el objetivo de saber si el Ejecutivo tiene intención de seguir esta recomendación, la líder de la formación magenta, Rosa Díez, ha registrado una pregunta escrita en el Congreso.

“¿Conoce el Gobierno cuántos casos relacionados con delitos contra la administración pública, ordenación del territorio, hacienda y seguridad social, cometidos por autoridades o funcionarios se están ejecutando en estos momentos en cada nivel administrativo y territorio?”, interroga Díez.

POR NIVELES ADMINISTRATIVOS

La estadística que reivindica Díez debería tener carácter oficial, actualizar de forma anual y contabilizar expresamente el número de casos judiciales abiertos por delitos relacionados con la corrupción. Desde su punto de vista, “no disponer de un compendio de datos claro, pormenorizado y estratificado en niveles administrativos” impide “poner en marcha las medidas más oportunas para erradicar la corrupción de las instituciones”.

“¿Cómo piensa el Gobierno combatir la corrupción de manera eficaz si ni siquiera posee datos fiables sobre su extensión y naturaleza?”, pregunta la portavoz de UPyD al Ejecutivo.

Ahora, recuerda la líder de UPyD, se puede encontrar “cierta información desperdigada” sobre estas causas en memorias de instituciones como el Ministerio Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial, pero no existe “un estudio que aúne toda la información relativa a esta lacra que deslegitima las instituciones y, sobre todo, la política”.

MÁS DE 170 CONDENADOS ESTA LEGISLATURA

Según los datos recabados por Europa Press, en este momento hay unas 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura.

No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes.

Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública --a todos los niveles-- y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.

Están imputados, entre otros, dos exvicepresidentes del Gobierno, los Duques de Palma, un expresidente de la CEOE, exministros y exsenadores