Rusia, obligada por la CIJ a respetar a las instituciones tártaras en Crimea

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó hoy a Rusia que se abstenga de imponer limitaciones a las instituciones tártaras en Crimea y se asegure de que los nacionales ucranianos tengan acceso a la educación en su lengua materna, dos medidas provisionales que Moscú debería acatar de forma inmediata.

La orden dada por los jueces se enmarca en el litigio que Kiev y Moscú mantienen en La Haya, donde Ucrania había pedido al alto tribunal de la ONU que tomara hasta nueve medidas provisionales contra Rusia relacionadas con el conflicto entre los separatistas prorrusos y el ejército en el este del país.

La representante legal de Ucrania, Harold Hongju, había acusado a Moscú de ejercer “un castigo colectivo público” contra los tártaros y los ucranianos de Crimea, donde el país vecino “actuó de forma más abierta” al “invadir y anexionarse la península” en 2014, añadió.

La CIJ no se pronunció sobre la anexión, pero en una decisión tomada por trece votos a favor y tres en contra exigió a Rusia que “se abstenga de mantener o imponer limitaciones a la comunidad tártara de Crimea para conservar sus instituciones representativas”, dijo el juez presidente de la CIJ, Ronny Abraham, que leyó el fallo en audiencia general.

Abraham citó expresamente el Medzhlís, el congreso del pueblo tártaro de Crimea, y aseguró que su prohibición viola la convención internacional de 1965 para la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Los jueces tomaron de forma unánime una segunda medida provisional referida a los derechos educativos de los ucranianos en Crimea.

“Rusia debe garantizar la disponibilidad de la educación en lengua ucraniana”, dijo el juez presidente, quien explicó que las supuestas trabas que los rusos han puesto a los nacionales ucranianos en las escuelas de Crimea también violan la convención internacional por la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

No obstante, Kiev no consiguió que la CIJ tomara medidas provisionales respecto a la supuesta financiación y apoyo que Moscú brinda a los rebeldes prorrusos que operan en el este de Ucrania.

La representante de Ucrania Marney Cheek alegó, durante las vistas orales celebradas en marzo, que estas milicias “disponen de armamento producido en Rusia al cual nuestro ejército nunca tuvo acceso”, por lo que aseguró que la única conclusión posible era que “las autoridades rusas se lo hubieran suministrado”.

Por esa razón, Kiev alegó que Rusia había violado la convención por la supresión de la financiación del terrorismo, de 1999.

Los jueces reconocieron que algunos actos referidos por Ucrania, como el derribo del avión de Malaysian Airlines MH17 en el este del país en julio de 2014, han tenido como consecuencia la muerte de un gran número de civiles.

A pesar de ello, la CIJ aclaró que las autoridades ucranianas, de momento, no han conseguido demostrar que Rusia esté involucrada directamente en la promoción de actos terroristas, por lo que descartó tomar las medidas provisionales exigidas por Kiev.

“En este momento de los procedimientos, Ucrania no ha dado evidencias que proporcionen una base suficiente para considerar posibles esos elementos” aclaró en su fallo la CIJ.

Como ocurre con todos sus fallos, la aplicación de las medidas provisionales tomadas hoy por el alto tribunal de la ONU depende de la voluntad del país al que se solicita ponerlas en práctica, en este caso, Rusia.

El caso que trató hoy la CIJ, y que fue presentado por Ucrania, está aún en sus primeros pasos, pues los jueces aún deben decidir, en un futuro próximo, si está bajo su jurisdicción o no.