SCC amplía su denuncia contra Mas ante el Tribunal de Cuentas por el pago del 9N

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una ampliación de su denuncia contra el expresidente catalán Artur Mas y tres exconsellers por el pago del 9N, con el fin de aclarar el papel de los funcionarios.

Este paso viene precedido de la decisión del Tribunal de Cuentas de continuar con el juicio contable a Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para llevar a cabo la consulta del 9N.

En concreto, SCC alega que la Generalitat solicitó el archivo del caso al entender que “los gastos preparatorios y vinculados a la consulta del 9N” que ordenaron Mas, Ortega, Homs y Rigau fueron “intervenidos y aprobados” por los interventores delegados de los respectivos departamentos.

SCC recuerda que el abogado de la Generalitat adjuntó varios documentos de altos cargos del Govern en el que aseguran que los expedientes administrativos de contratación y la tramitación de los expedientes económicos asociados “fueron debidamente fiscalizados” por la intervención delegada del departamento.

Por ello, y tras constatar que estos informes “para exculpar” a Mas y sus tres exconsellers no fueron incorporados al escrito de la Generalitat en el procedimiento judicial, SCC ve necesario pedir al Govern que “aclare el grado de implicación de los funcionarios interventores”.

Con este fin, sugiere al Tribunal de Cuentas tres diligencias: exponer los informes de intervención y fiscalización aludidos, aportar los documentos que se emitieron para justificar la necesidad e idoneidad de los contratos relacionados con el 9N y obtener una relación de documentos e información escrita o verbal que se facilitó a los interventores para emitir sus informes e identificar quién y en qué fechas se facilitaron.

SCC ha explicado en un comunicado que, con la ampliación de su denuncia, pretende verificar la implicación de los funcionarios “señalados por la Generalitat como responsables de la consulta” del 9N de 2014.

Álex Ramos, vicepresidente de esta entidad contraria al proceso soberanista, ha aclarado que el objetivo es que los funcionarios “puedan manifestar si cumplían órdenes y de parte de quién cumplían estas órdenes”, por lo que SCC “de ninguna manera” quiere señalar a los trabajadores públicos, sino que puedan “destapar a los verdaderos responsables”.

Para el vocal de la junta directiva de SCC, “la responsabilidad debe recaer sobre los que ordenaron los pagos”, es decir, “queremos saber quién ordenó el gasto del 9N y que asuma las consecuencias”.