La SIP se muestra preocupada por un proyecto de ley digital en Argentina

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación por un proyecto legislativo en Argentina que “obliga a los medios de comunicación a que se conviertan en jueces con poder para censurar opiniones o comentarios de los usuarios en internet”.

La SIP, con sede en Miami, cree que este proyecto de ley contraviene los “principios elementales sobre libertad de prensa y de expresión consignados en tratados internacionales”.

Según este organismo dedicado a la defensa y promoción de la libertad de prensa, la iniciativa denominada “Actos discriminatorios e instrumentos de derechos humanos. Promoción de la no discriminación en Internet” autoriza “inspecciones periódicas de los contenidos por parte de un órgano que tendrá la capacidad de aplicar sanciones”.

Dichas sanciones podrían concretarse en multas e incluso en el “cierre del medio difusor o quitarle la concesión de operatividad, cuando no se cumpla con la obligación legal de retirar contenidos”.

La iniciativa legal presentada por legisladores oficialistas obliga a sitios y plataformas digitales -blogs, redes sociales, agencias de noticias y medios tradicionales con páginas digitales- a bloquear “la difusión de mensajes con contenido discriminador producidos por los usuarios”, ya sean opiniones, comentarios o noticias, explicó la SIP en un comunicado.

“Es claramente una intromisión en los contenidos y criterios editoriales que puede tener cualquier medio, llegándose al extremo que convierte al medio en tener que ejercer de juez y censor ante los comentarios y opiniones de los usuarios”, expresó Gustavo Mohme, presidente de la SIP.

En opinión de Mohme, se trata de una ley “antagónica con el debate público” que se genera en los medios y con los principios expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que defiende que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, resaltó que, “más allá del objetivo loable que se dice perseguir, así como ocurrió con la ley antidiscriminación en Bolivia, se corre el riesgo de que estas leyes sean armas de doble filo, ya que los Gobiernos las pueden usar para perseguir y censurar a los usuarios críticos y a los medios que acogen esas críticas”.