SUP y AUGC piden prohibir las “ilegales” identificaciones “masivas” actuales

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritarios en ambos cuerpos, creen que las actuales identificaciones “masivas” de ciudadanos son “ilegales” y se deben prohibir, de manera que sólo se identifique o registre si hay sospecha fundada de delito.

Esta es una de las iniciativas incluidas en la propuesta “Un modelo de seguridad para el siglo XXI” que han presentado hoy ambas organizaciones, que consideran que el sistema actual está desfasado y adolece de la necesaria coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad.

En el documento se asegura que en los últimos años se han producido “millones de identificaciones por todos los cuerpos de seguridad, sin razón alguna, originando molestias a los ciudadanos y con posible vulneración de los derechos civiles de los mismos”.

“Con el fin de constituir el trabajo policial como un servicio garante de derechos, se aplicará como principio fundamental el de mínima intervención, consistente en que no se puede actuar, identificar o registrar a ningún ciudadano sin una sospecha fundada de que ha cometido un delito o puede cometerlo”, recoge el texto.

En su opinión, “las identificaciones masivas, instigadas desde el mando para conseguir una justificación estadística, son ilegales y por lo tanto deben prohibirse”.

El SUP y la AUGC destacan asimismo que se han generalizado los controles a conductores y se suceden los de las policías locales, las autonómicas y las estatales.

Esto supone “un desprecio a los derechos de los ciudadanos y conductores” y los procedimientos se deben regular y controlar, de modo que en una determinada zona de Madrid un mismo conductor no sea parado por agentes de una Policía Local, luego por la Policía Nacional, a continuación por la Guardia Civil y finalmente por la Policía Local de su municipio.

“Estas cosas están pasando en estos momentos y no son más que un control de la población impropio de un Estado de derecho con ciudadanos detentadores de derechos, o una mera forma de recaudación usando para ello servicios policiales que no deberían realizar dicha función”, añade.

Las organizaciones mayoritarias en la Policía Nacional y en la Guardia Civil también proponen que se impidan las bases de datos “ilegales” que hay en la actualidad sobre identificaciones en la vía pública o por infracciones de tráfico.

El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha detallado que en 2009 fueron identificados diez millones de ciudadanos por la Policía, la mayoría de ellos jóvenes españoles, algo que no se puede consentir.

Ha explicado que ayer mismo el SUP interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Córdoba porque el mando policial de Lucena “exigía un número mínimo de identificaciones”.