El SUP lleva al juzgado a Fernández Díaz y Cosidó por prevaricar al otorgar medallas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado en el juzgado una denuncia contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de medallas pensionadas a mandos policiales.

La denuncia, registrada hoy y a la que ha tenido acceso Efe, se refiere a la concesión, con motivo del Día de la Policía, de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a funcionarios que, según el SUP, “han prestado siempre su servicio en puestos de trabajo de carácter meramente burocráticos”.

De hecho, estas medallas, pensionada de forma vitalicia con una cantidad equivalente al 10 por ciento del sueldo, se otorgaron este año a comisarios principales destinados desde hace muchos años en puestos de gestión.

Incluso, señala el SUP en su escrito de denuncia, entre los condecorados hay un inspector jefe liberado sindical desde hace años y que, por tanto, “no presta ningún tipo de servicio a la administración”.

Subraya el denunciante que la Cruz con distintivo rojo se creó para premiar “los hechos distinguidos que impliquen acusado riesgo para quienes los realicen”.

Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, participar en tres o más servicios mediando agresiones de armas y realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, son, entre otros, los requisitos exigidos para lograr la Cruz roja.

Tras un análisis de la categoría de los funcionarios a los que se les otorgó, el SUP deduce que el sistema de concesión “en nada se ajusta a la finalidad de la ley, sino que más bien debe ser considerado injusto, ilegal y arbitrario”.

Así, en la escala superior se distinguió con esa Cruz a 27 funcionarios, lo que representa el 5,69 por ciento del número de miembros de esta categoría (474).

Mientras, en la escala ejecutiva se concedieron 73 (al 1,26 por ciento de sus 5.792 miembros); en la de subinspección 11 (un 0,22 por ciento de sus 4.828 funcionarios) y en la básica a 27 (a un 0,04 por ciento de sus 57.378 agentes).

“Dicho de otra manera -ironiza el SUP- y ateniéndonos a la ley, un 5 por ciento de la escala superior ha resultado herida o ha participado en tiroteos con armas poniendo en riesgo su vida, mientras que en la escala básica sólo lo han hecho el 0,04 por ciento”.

Insinúa el SUP que la administración esta utilizando estas condecoraciones para asignar retribuciones a funcionarios de las escalas superiores “sin tener en cuenta que dichos puestos ya son suficientemente remunerados por otros conceptos”, como complemento específico singular, productividad o gratificaciones extraordinarias.

Según el SUP, las concesiones de esas cruces fueron “contrarias a derecho y, por ello, ilegales” y otorgadas a sabiendas y con el “convencimiento claro de que no reunían los requisitos que la ley establece”, por lo que considera que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación.