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El SUP pide el cese del comisario del Congreso tras la acción de Greenpeace
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido hoy al Ministerio del Interior que cese al comisario jefe del Congreso de los Diputados ante el “evidente” fallo de seguridad que ha permitido que unos activistas de Greenpeace escalaran hasta el frontispicio del Palacio, donde han intentado colocar una pancarta.
En declaraciones a Efe, el portavoz del SUP, José María Benito, ha asegurado que coincide con el presidente del Congreso, Jesús Posada, quien ha reconocido que los “fallos en la seguridad” de la Cámara Baja han permitido a un pequeño grupo de miembros de Greenpeace saltar la valla de seguridad y encaramarse al tejado.
Un total de ocho personas han sido detenidas por la Policía, que les atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional, por lo que prestarán declaración esta tarde ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
“Se trata de un evidente fallo de seguridad porque igual que han sido ecologistas con el objetivo de colocar una pancarta podían haber sido terroristas”, ha destacado Benito, para quien la responsabilidad última de lo sucedido corresponde a Ángel Álvarez, comisario jefe del Congreso.
En opinión del sindicato mayoritario de Policía, las acciones de activistas como la protagonizada hoy por Greenpeace se caracterizan por “el efecto sorpresa”, algo que dominan y saben hacer “muy bien”, lo que no significa que los agentes desplegados en el Congreso se vean sorprendidos como así ha sido.
De hecho, el portavoz del SUP considera que uno de los fallos principales ha sido no vigilar los andamios instalados que cubren tanto la fachada trasera del Congreso, que está en obras, como la principal, de los que se han servido algunos de los activistas para acceder al tejado.
Por el contrario, la Unión Federal de Policía (UFP) ha elogiado en un comunicado la actuación “rápida” y “eficaz” de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, que según este sindicato, han evitado “la entrada violenta” al Congreso de ocho activistas.
La UFP explica que los miembros de Greenpeace detenidos son todos de nacionalidad española, tienen edades comprendidas entre los 23 y los 45 años y residen en las provincias de Barcelona, Bilbao, Granada, Oviedo, Santander, Alicante y Cantabria.
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