Sáenz de Santamaría calcula que 738 empresas públicas desaparecerán y que 2.700 normas vulneran la unidad de mercado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que 535 empresas públicas de dependencia económica han sido suprimidas en el último año y medio y que este proceso culminará con la desaparición de 738 sociedades. Además, ha cifrado en 2.700 las normas que vulneran la unidad de mercado.

En la inauguración de las XXXV Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado y arropada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la vicepresidenta ha remarcado que las 218 medidas de reforma de las Administraciones Públicas están ya en marcha, encontrándose 28 finalizadas, 42 en fase final de ejecución, 114 en una fase intermedia y otras 35 en un punto inicial.

En primer lugar, Sáenz de Santamaría ha querido desmontar un “mito”, que “es falso a medias”, y que se basa en el excesivo volumen de la Administración. “La Administración española no es la más cara ni la más amplia de las administraciones de nuestro entorno”, ha zanjado la vicepresidenta, que ha reconocido el crecimiento que ha experimentado en las últimas décadas.

CALENDARIO DE 25 CONFERENCIAS SECTORIALES

Según ha desvelado, la comisión designada en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ha analizado 6.500 normas del ordenamiento jurídico español --un 30 por ciento de competencia estatal-- y ha concluido que 2.700 vulneran la unidad de mercado.

Por ello, el Estado acometerá una “profunda” reforma legal con el objeto de eliminar “trabas de su propia normativa” y establecerá un calendario de reunión de 25 conferencias sectoriales para que las autonomías converjan hacia una normativa similar que elimine escollos en la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios.

En su opinión, la reforma de las Administraciones Públicas urge un “cambio de cultura” desde el convencimiento de que “el Estado de las autonomías funcionará mejor” con la colaboración entre todas las administraciones para poner en marcha leyes y objetivos de país. “Si podemos hablar de instituciones que sirvan al conjunto del Estado de las autonomías y la gestión integrada de medios humanos”, ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha puesto también de relieve que el Estado ha acumulado más de 15.000 fincas que “no usa o infrautiliza”, pero que suponen un coste “enorme” en impuestos. En los últimos años, ha vendido más de 1.000 inmuebles, obteniendo unos ingresos de 105 millones, 44 solo en la gestión de alquileres.

FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA QUE NO SE OCULTEN EN CAJONES

En su discurso, la 'número dos' del Ejecutivo ha explicado que buena parte de los problemas que acucian al ámbito privado deriva de la morosidad y la falta de compromiso del sector público, mientras que ha apostado por una ley de factura electrónica porque “lo que ingresa en un ordenador y lo que se emite electrónicamente ya no puede ocultarse en los cajones”.

Además, ha apuntado que el Gobierno elabora una nueva ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que pondrá el foco en la necesidad y la garantía de solvencia financiera de los nuevos entes; así como una ley de Evaluación Ambiental para que los proyectos no se vean paralizados durante años hasta la emisión del informe en la materia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ensalzado la reforma de las Administraciones Públicas impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha calificado como “una auténtica revolución” y la “tarea más ambiciosa” abordada por ningún Gobierno “desde la transición política”.