El Salvador usará su experiencia de exhumaciones de guerra en las fosas de las maras

La “herencia” técnica de las exhumaciones de las masacres salvadoreñas ocurridas durante la guerra civil (1980-1992) servirá para que los forenses locales afronten los casos de cementerios clandestinos dejados por las pandillas, dijo a Efe la forense argentina Silvana Turner.

“La dimensión del trabajo por hacer en El Salvador incluye no sólo los casos que tienen que ver con la violencia del conflicto armado, sino con los casos de la violencia actual”, porque “en muchas oportunidades es necesario recuperar restos esqueletizados o parcialmente esqueletizados”, añadió.

Turner encabeza una misión del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que dirige las exhumaciones de unas 50 víctimas de la masacre de El Mozote, perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981 y en la que se calcula fueron asesinados unos 1.000 campesinos.

“En la primera exhumación que hubo aquí en El Mozote en el año 1992, un gran número de médicos (locales) participaron. Algunos de ellos se interesaron en particular y fueron quienes han ido conformando esta unidad de antropología forense con la que cuenta el Instituto de Medicina Legal (IML)”, aseguró Turner.

En las excavaciones realizadas por el EAAF entre 1992 y 2015 se superan las 400 osamentas recuperadas, principalmente de niños, mujeres y ancianos.

Explicó que en los países como El Salvador “nos importa mucho y focalizamos la tarea a generar recursos técnicos y profesionales capacitados para llevar adelante estas investigaciones” que necesitan las técnicas de la antropología y arqueología forenses.

En El Salvador, uno de los países con las mayores tasas de homicidio del mundo, es común que las personas que desaparecen sean localizadas en cementerios clandestinos en zonas desoladas y en la mayoría de los casos los cuerpos presentan signos de tortura y de una muerte con violencia extrema.

Según el criminalista forense de la Fiscalía General de la República (FGR) Israel Ticas, uno de los más reconocidos en el país, se han registrado más de 35 formas de asesinatos en este tipo de lugares, que varían por la pandilla que comete el crimen y por la zona geográfica.

Datos de la Fiscalía a los que Efe tuvo acceso dan cuenta de que entre enero de 2014 y noviembre de 2015 fueron localizados 120 cementerios clandestinos, con unas 170 víctimas.

El EAAF, junto a expertos del IML y la Fiscalía, recuperaron hasta finales de la semana pasada más de 10 osamentas en tres fosas excavadas desde el 14 de noviembre en El Mozote.

“Se ha avanzado bastante” y “estamos hablando de un resultado superior a las 10 víctimas”, cuyas osamentas se encontraron en “condiciones de preservación bastantes malas, (...) fragmentados, muy erosionados, mezclados y quemados”, explicó Turner.

“Todo eso hace que los resultados que se puedan obtener en el laboratorio sean relativos en términos de detalle, de identificación y causa de muerte”.

“Lo que garantiza que se pueda llegar al mejor resultado posible es aplicar estas técnicas de arqueología para que, con los tiempos que implica y el cuidado necesario, se recupere todo el material posible”, acotó.

Las últimas osamentas exhumadas son las de una mujer que se encontraba abrazando a tres niños en el caserío La Joya, cercana a El Mozote.

“Para nosotros es un caso cercano, porque es el primer caso de masacre de estas dimensiones que nuestra institución, fundada en 1984, trabajó” y porque implica “una experiencia de confrontar con la experiencia en Argentina” por la dictadura militar.

Las exhumaciones se extenderán hasta el próximo 9 de diciembre y abarcarán 11 escenas distintas dentro del perímetro donde se produjo la masacre.

Diferentes fuentes han señalado que las osamentas servirán como prueba en el caso penal que enfrentan 10 mandos militares de la época.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento occidental de Morazán, a unos 22 kilómetros de lugar donde se produjo la masacre, ordenó la “reapertura de este proceso penal” y anuló el sobreseimiento dictado en 1993.

Esto a raíz de la anulación de la Ley de Amnistía General (1993) decretada por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio de este año, lo que abrió la puerta a los procesos legales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón elite Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.