El fiscal general de El Salvador solicitará más recursos para fortalecer las investigaciones

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este jueves que solicitará en aumento al presupuesto del Ministerio Público, que actualmente asciende a 118,3 millones de dólares, para fortalecer el trabajo de investigación, especialmente en los casos de personas desaparecidas.

Melara, que no especificó cuánto es el monto que pedirá, señaló a periodistas que “es importante destinar más recursos a la Fiscalía porque cada vez tenemos más responsabilidades y asumimos nuevos retos”.

Indicó que aumentar el presupuesto a la Fiscalía “contribuiría a mejorar las investigaciones en temas urgentes, como el de las personas desaparecidas”.

“La Fiscalía necesita más recursos. La voluntad se queda corta sin recursos”, subrayó el jefe del Ministerio Público.

En marzo pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador reforzó el presupuesto de la Fiscalía con más de 900.000 dólares para fortalecer su trabajo de investigación.

No fue la primera vez que el Ministerio Público recibió fondos extraordinarios para su funcionamiento, en los últimos años su presupuesto se ha visto reforzado con dinero de un impuesto especial del 5 % a las telecomunicaciones y a las ganancias empresarias superiores a 500.000 dólares.

A comienzos de febrero de 2017, el entonces fiscal general del país, Douglas Meléndez, criticó a los diputados por no mejorar el presupuesto de la institución.

En esas fechas, la Fiscalía urgía, además de los 69,38 millones del presupuesto asignado para el 2017, de 22 millones de dólares para continuar operando con normalidad.

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios que en la historia reciente del país superan los niveles considerados como epidemia a nivel internacional.

La nación centroamericana es asediada por la Mara Salvatrucha (MS13), las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 y otras minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país y que tienen como principales fuentes de ingresos la extorsión y el narcotráfico al menudeo.

Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.