Santamaría responde a Cataluña que su situación financiera queda aliviada con la decisión de hoy

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que, con la decisión de autorizar a Cataluña operaciones de deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros quedan cubiertas las necesidades financieras de esta comunidad para agosto y septiembre, de manera que “desaparece” la “urgencia” de convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, tal como reclama la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, que ha tomado esa decisión, Santamaría ha respondido de este modo a la reivindicación de la Generalitat y ha avisado de que estudiar cambios en la financiación a corto plazo de las comunidades requeriría un gobierno “con plenas capacidades” y, además, debería ser para todas las comunidades autónomas.

“Otra cosa es que, en un contexto de carácter más general, teniendo en cuenta la situación de todas las comunidades autónomas, y con un gobierno en plenas capacidades, pueda analizarse desde un punto de vista general cómo abordamos aspectos de la financiación a corto de las comunidades autónomas, que son vencimientos no cubiertos por el FLA”, han sido sus palabras.

Según fuentes gubernamentales, el Gobierno está estudiando la propuesta de la Generalitat catalana de convertir 1.600 millones de euros de deuda a corto en deuda a largo cubierta por el FLA. Sin embargo, estas fuentes recalcan que no hay tomada ninguna decisión sobre esa posibilidad de introducir cambios en la deuda a corto plazo de las comunidades autónomas y recalcan que lo que se haga se hará para todas igual.

Santamaría ha destacado que con la autorización de deuda a corto que se ha emitido este viernes para que Cataluña se busca reducir la incertidumbre en relación con entidades prestamistas y agencias de rating y que Cataluña tenga más margen de tiempo para formalizar nuevas operaciones.

NO SUPONE AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO

También ha dejado claro que la autorización no supone aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio, sino que se supedita al objetivo del cumplimiento de deuda para el año que está en el 31,4 por ciento de PIB regional.

La decisión, ha justificado, forma parte de lo que el Gobierno lleva tiempo haciendo, “solventar problemas de financiación de muchas comunidades, entre ellas Cataluña”.

Así, ha incidido en que su reunión con el vicepresidente de la Generalitat este jueves fue “institucional y económica”, “también política pero que nada tiene que ver con la otra política”, ha precisado desvinculándola así de cualquier negociación para la investidura.