Sanz defiende la legalidad de su chalé en un pueblo de La Rioja y advierte contra “el 'pim pam pum' político”

Sanz ha hecho estas declaraciones en los pasillos de la Cámara Alta preguntado por la reapertura de la investigación en el Juzgado de Instrucción 3 de Logroño de un posible delito urbanístico y de prevaricación por la aprobación en 2013 del Plan General de Villamediana de Iregua, que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable, entre ellas, la del expresidente del Gobierno de La Rioja.

Sanz, que ha explicado que tiene esa propiedad desde hacía más de 30 años, ha defendido la legalidad de aquel procedimiento, que según ha explicado se hizo sin informes en contra de que se aprobara el plan de urbanismo. Ha subrayado también que fue el primero que tuvo el municipio “en su historia” y que está en vigor y “es firme” porque nadie lo ha recurrido.

“Lo triste es que digan que se aprueba porque estaba ahí Pedro Sanz o un político. Pues qué agradecido tiene que estar todo el resto a Pedro Sanz por estar ahí. Y segundo, si Pedro Sanz no está no se aprueba ningún plan”, ha preguntado el vicepresidente del Senado, que ha asegurado que el asunto a su juicio “no tiene soporte jurídico”.

Sanz no ha querido responder a César Luena, secretario general del PSOE riojano, quien ayer le acusó de haber cometido “delitos de urbanismo, del artículo 319 y 320 del Código Penal”. “Transformó una caseta de aperos en un chalé unifamiliar”, aseguró.

“El señor Luena para mí no existe, me da lo mismo”, ha dicho preguntado al respecto. “No voy a entrar en el 'pim pam pum' político ni con el señor Luena, al que tendría que decirle muchas cosas, porque no ayuda nada. Ya vale de enredar y contaminar. Que actúen los jueces o quien corresponda y no manipulemos ni hagamos daño”, ha añadido.

UN AUTO RECURRIDO

El Auto de la Juez, fechado el 20 de octubre de 2016, aprecia indicios de delitos urbanísticos y de prevaricación por haber aprobado en 2013 el Plan General de Villamediana de Iregua que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable, entre ellas la del actual vicepresidente del Senado (actuó como promotor al convertir una casa de aperos en un chalet de dos plantas).

Abre también causa por presunta prevaricación contra el exalcalde de la localidad, y siete concejales - seis del Partido Popular y uno que pertenecía en el momento de la votación al PR+, y que fue expulsado de esta formación tras apoyar a los 'populares'-. El abogado del exalcalde, Tomás Santolaya, ha presentado un recurso de reforma contra el auto.

En el escrito del Juzgado, se extiende la sospecha de esta prevaricación contra los entonces miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR), al aprobar este órgano de manera definitiva el Plan.

La juez pide averiguar “si esa decisión discrecional del planeamiento municipal se ha basado en motivos espurios que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del Plan General a las disposiciones de la ley por permitir la legalización de la vivienda del - entonces- presidente del Gobierno de La Rioja”.