Las otras cicatrices del 1-O: cuerpos policiales enfrentados y desconfianza de jueces y fiscales hacia los Mossos

El 1-O ha abierto un abismo entre las fuerzas de seguridad. Las cargas policiales retransmitidas por las televisiones de medio mundo que han alarmado a la ONU y a la Comisión Europea, los conatos de enfrentamiento entre agentes de distintos cuerpos, la sensación generalizada en la Guardia Civil y la Policía Nacional de que los Mossos fueron desleales en el dispositivo del domingo y les dejaron en la estacada pese a que la orden del Tribunal Superior de Justicia para impedir la votación también les incumbía a ellos...

Son las otras heridas abiertas que ha dejado una de las jornadas más lúgubres de la política reciente y que tardarán en cicatrizar, si es que algún día lo hacen. Distintos jueces catalanes investigan la inacción de los Mossos el domingo y la Generalitat ha presentado denuncia por la violencia que emplearon los cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía la ha desechado con el argumento de que no afectaron a la convivencia ciudadana. La relación entre instituciones que llevan años colaborando en la persecución de delitos está rota y el enfrentamiento larvado que mantienen los mandos de Interior del Gobierno y la Generalitat ha descendido por el escalafón hasta llegar a las patrullas de a pie.

La historia venía de lejos. Incluso durante los días posteriores a los atentados de Barcelona y Cambrils ya se vivieron episodios de esa pelea soterrada. Cuerpos policiales desacreditándose después de un atentado yihadista con 16 víctimas mortales. Y los recelos se han mantenido durante el mes que transcurrió hasta la cita del primero de octubre. Formalmente, las distintas policías trabajaban juntas en el diseño de un despliegue muy delicado. Pero a nada que uno rascase un poco afloraban las desconfianzas mutuas. Hasta el punto de que el ministerio se arrogó la coordinación de la seguridad del referéndum que el Constitucional había declarado ilegal y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y sobre todo el presidente Mariano Rajoy intentaron impedir a toda costa.

Aparentemente el Gobierno no había aplicado el artículo 155. Solo aparentemente. Porque a mediados de septiembre las cuentas de Generalitat estaban intervenidas por el Ministerio de Hacienda y el de Interior dirigía las operaciones para frenar las votaciones.

La dirección de los Mossos se comprometió en las reuniones previas de la junta de seguridad a cumplir las instrucciones del Tribunal Superior de Cataluña pero estableció salvedades: que su actuación no ocasionase problemas de orden público mayores. Policía y Guardia Civil las siguieron a rajatabla e intentaron desalojar los colegios ocupados empleando la fuerza. Algunos de sus agentes se extralimitaron, como evidencian los primeros planos de caras ensangrentadas de las portadas internacionales, y las pelotas de goma prohibidas en Cataluña despúes de que una mujer perdiese un ojo por un disparo de los Mossos en una protesta en 2012. El parte de heridos de la Generalitat contó casi 900 personas, dos de ellas hospitalizadas, el más grave con un infarto. Interior respondió con otra estadística: 400 de sus agentes también sufrieron agresiones.

En los momentos más tensos del domingo los Mossos llegaron a formar barreras para evitar que los antidisturbios de Interior arrastrasen a la gente que bloqueaba la entrada a los colegios. Los bomberos en algunos pueblos atravesaron sus camiones para impedir que entrasen las fuerzas de intervención de Policía y Guardia Civil. También ellos tienen agravios que contar.

Las imágenes de esos desalojos que tampoco impidieron una jornada de votación masiva repetidas en buble en las redes sociales desencadenaron una ola de protestas el lunes ante los hoteles donde dormían policías y guardias civiles. Durante la huelga general del martes, seis furgones de los Mossos se desplegaron ante la comisaría de Via Laietana, pleno centro de Barcelona, en un nuevo escrache que reunió a centenares de personas, fundamentalmente estudiantes.

Todas las asociaciones de fiscales han emitido comunicados muy críticos con la actuación de los Mossos. La Asociación de Fiscales, mayoritaria y Api, acusaron a la policía catalana de “poner en peligro el Estado de Derecho”. La Unión Progresista de Fiscales, con una redacción mucho más suave, decidió responsabilizar solo a sus mandos políticos.

Pero la desconfianza ha ido más allá de las declaraciones públicas. Fiscales afincados en Catalunya han admitido a eldiario.es que se lo pensarán antes de utilizar como policía judicial a los Mossos en asuntos relacionados con el procès. “No solo ha cundido la sensación en la carrera de que no actuaron el domingo sino de que han sido desleales. Se puede no hacer mucho pero avisar antes de hasta donde va a llegar tu papel”, sostiene un profesional con muchos trienios que ha sondeado estos días la opinión de muchos compañeros. “Los Mossos es un cuerpo de 17.000 personas en el que hay de todo pero la relación con ellos ha empeorado desde el domingo”.

Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil también han suscrito notas muy duras reivindicando su papel como garantes del Estado del derecho y demandando mayor amparo al Gobierno “frente al acoso y persecución de los secesionistas”. En la última exigen la dimisión de Zoido y del presidente del Gobierno “si no ponen fin a la caza al policía en Catalunya”.

Las redacciones de algunos de esos textos adquiere tonos apocalípticos. “La Guardia Civil muere, pero no se rinde. La Guardia Civil está para servir con honor a su Estado, con lealtad, con abnegación, con firmeza, con prudencia, siendo serenos ante el peligro y políticos sin violencia”, dice la nota de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil que equipara la situación de estos días en Barcelona con la que vivía el cuerpo en Euskadi durante los años 80.

Algunos tuvieron que abandonar sus hoteles ante las protestas vecinales que se multiplicaron después del domingo. En su comparecencia del martes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha respaldado la actuación del 1-0, avisó de que el contingente (de más de 12.000 efectivos) seguirá desplegado en Catalunya. 

La dirección de los Mossos con el mayor José Luis Trapero también ha felicitado a sus agentes por la actuación del domingo.

La Asociación de Jueces para la democracia también firmó su comunicado. En sus primeras líneas censura “cualquier actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Español que no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación”. Pero en el renglón siguiente lamenta “el grave y torpe empecinamiento de los responsables de la Generalitat de Cataluña por continuar, incluso cuando hay heridos, con un referéndum declarado ilegal por los Tribunales de Justicia”.

La cooperación de las distintas policías y la coordinación de jueces y fiscales, los pilares sobre los que se asienta la seguridad de la ciudadanía, han quedado socavados en solo unas horas en Cataluña. Apenas mes y medio después del grave atentado de Las Rambas y con la alerta terrorista en España situada en el nivel 4, dentro de una escala que va del 1 al 5.