El Senado insta el Gobierno a un mayor control financiero de Cataluña

El Pleno del Senado ha aprobado hoy una moción del PP que insta al Gobierno a volver a establecer un mayor control financiero de la Generalitat de Cataluña, con los votos del grupo proponente y el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del resto de la Cámara.

Luisa Fernanda Rudi, del PP, se ha referido a los distintos controles de esa cuentas en los últimos años, el inicial de 2015 y el de 2017.

Por el primero, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos condicionó las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que no se gastarán en crear estructuras de Estado y fijaba directrices mensuales para el gasto.

En 2017, un Consejo de Ministros adoptó en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales nuevas medidas para fortalecer ese control sobre los pagos de la Generalitat.

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución decayeron esas medidas, al ejercer directamente el Gobierno las funciones de la Generalitat.

Tras el nombramiento de Quim Torra como presidente se acaba su vigencia y se vuelven a aplicar los controles previstos anteriormente.

Para Rudi, hay que aumentarlos porque Torra persiste en conseguir la independencia y porque desde que gobiernan los socialistas la Generalitat se dedica “a financiar objetivos que nada tienen que ver con sus competencias”.

Entre estos ha citado la apertura de nuevas “embajadas” en el exterior, la defensa de la independencia en el extranjero o los pagos para los viajes para visitar al expresidente Carles Puigdemont.

Ha dicho que la deuda de Cataluña es “sistémica” y asciende a 78.000 millones, de los que 55.000 son con el Estado, por lo que el Gobierno debería estar interesado en vigilar en qué gasta el dinero.

Ha aludido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que señala que “España está legitimada para controlar sus fianzas”, ya que la Generalitat “se está nutriendo de fondos estatales”.

A la iniciativa se han presentado cinco enmiendas, que no fueron admitidas.

En la defensa de las suyas, Carles Mulet, de Compromís, le ha recriminado que usen a Cataluña para crear confrontación y buscar votos en otros territorios, argumentos con los que han coincidido los portavoces de Unidos Podemos, Nacionalistas, PNV y Esquerra Republicana.

José Montilla, del PSOE, ha defendido que el control de ahora es el adecuado y que las “tutelas” del Estado sobre la financiación son las previstas por las disposiciones vigentes, que son del Ejecutivo del PP.

Francisco Javier Alegra, del grupo mixto, se ha mostrado a favor de la iniciativa porque la Generalitat “gasta el dinero en actividades absolutamente ilícitas”, por lo que hay que tomar “medidas excepcionales”.

Por el grupo nacionalista, Josep Luis Cleries ha dicho que la intervención de Rudi le ha convertido en “más independentista” y ha definido “la obsesión del PP con Cataluña” de “verdaderamente cansina”.

A su juicio, al PP le preocupa la independencia “porque se les va el patrocinador”, ya que cada año salen 16.000 millones de Cataluña “para España, que no vuelven”.

Para María Dolores Etxano, del PNV, judicializar la política y la intervención total del Estado en Cataluña no ha mejorado la situación, por lo que ha rechazado repetir medidas que agudizan la tensión y quiebran la convivencia.

Joaquim Ayats, de Esquerra Republicana, ha precisado que los controles financieros afectan a la población y a los servicios fundamentales y ha augurado que esas medidas hacen más independentistas a los catalanes.

María Freixanet, de Unidos Podemos, ha considerado que “hay que tener valor para acusar a otros de utilizar mal el dinero público”, en referencia al PP, a quien ha acusado de “hacer cuanto puede” para impedir la normalización.

Montilla también ha acusado al PP de “nulo rigor político y mala fe” y ha indicado que las declaraciones del presidente catalán “no pueden amparar” esa restricción financiera.

“Lo que les interesa no es solucionar problemas -ha agregado-, sino crearlos o incrementarlos”, porque el PP “no practica la lealtad institucional”.