La comisión del Senado sobre la tesis de Sánchez se aplaza a febrero y Cs acusa a PP y PSOE de “taparse las vergüenzas”

La Mesa y los portavoces de la comisión se han reunido este mediodía y aceptado la propuesta socialista de prolongar hasta el 1 de febrero el plazo para presentar propuestas de trabajo, que concluía inicialmente mañana. Se trata del primer paso que debe dar la comisión tras su constitución el pasado 4 de diciembre.

Los socialistas estimaron que no daba tiempo a preparar la lista de asuntos que se deben investigar y la de personas que deben comparecer y solicitaron ampliar este plazo a febrero (enero es mes inhábil). Y el PP ha aceptado la propuesta “por cortesía parlamentaria”, ha explicado su portavoz en la comisión, Esther del Brío. “No busquemos segundas intenciones”, ha subrayado esta senadora.

Pero la portavoz de Ciudadanos en el Senado, Lorena Roldán, ha denunciado que a su juicio sí hay un trasfondo en este asunto: los dos grandes partidos se pone de acuerdo para “taparse las vergüenzas”. Cs votó a favor de constituir esta comisión, impulsada por el PP, por entender que hay sospechas sobre la autoría de la tesis.

“Otro teatro de estos del bipartidismo, que en público parece que se pelean mucho pero luego siempre se ponen de acuerdo par taparse sus corruptelas entre sí”, ha dicho Lorena Roldán, que ha vinculado este asunto al retraso en la Asamblea de Madrid de otra comisión de investigación, sobre universidades, con apoyo igualmente de PP y PSOE. “Es bochornoso”, ha recalcado.

EL DÍA 13 DE FEBRERO, PRIMERA SESIÓN

Tras la decisión de hoy, los grupos parlamentarios tienen hasta el 1 de febrero para entregar sus planes de trabajo, sus propuestas sobre qué documentación se tiene que revisar en el Senado y qué personas deben comparecer para aclarar si Sánchez redactó su tesis doctoral y no plagió, como sospechan PP y Ciudadanos.

Una vez presentadas estas propuestas, la comisión se reunirá el 13 de febrero para revisarlas todas y tomar ya decisiones. El PP, dada su mayoría, tendrá en su mano la posibilidad de llamar a declarar a quien considere, incluido el presidente del Gobierno.