El Senado argentino comienza el debate sobre la polémica reforma judicial

El pleno del Senado argentino comenzó hoy a debatir tres proyectos de ley de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno, entre los que figura la ampliación del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y destituye a los jueces.

Las tres iniciativas legislativas, que ya superaron la tramitación en la Cámara de los Diputados, deberán obtener el voto positivo de al menos 37 senadores, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, para ser convertidas en ley.

La reforma del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley más controvertido, prevé agregar seis miembros a los 13 actuales y que sean elegidos por voto popular.

El Senado, de mayoría oficialista, debate también hoy sancionar la norma que permitirá el Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado y la de Publicidad de los Actos del Poder Judicial.

Además, se votará el proyecto para el ingreso democrático al Poder Judicial, que sería enviado al Parlamento para una segunda revisión, tras haber sido modificado en primera instancia a propuesta del oficialismo.

La reforma judicial se completa con dos leyes ya vigentes, la que limita las medidas cautelares contra el Estado y la que prevé la creación de tres nuevas cámaras de casación, que fueron aprobadas en el Parlamento después de un tenso debate que duró más de 20 horas.

El Gobierno argentino defiende que los cambios son para la “democratización del Poder Judicial”, pero la oposición y organismos internacionales, incluida una Relatoría de la ONU, advierten que suponen “la politización” de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.

Partidos políticos opositores y agrupaciones afines han convocado para hoy a la ciudadanía a ser “guardianes” de la Carta Magna y protestar ante el Congreso contra la reforma.

Con esta intención, los militantes repartirán ejemplares de la Constitución e invitarán a los manifestantes a recorrer con ella la Plaza del Congreso.

La reforma judicial fue uno de los principales ejes del cacerolazo contra las políticas gubernamentales que el pasado 18 de abril sacó a las calles de las principales ciudades argentinas a miles de personas.