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El Senado estudia la continuidad o no de un senador de CC con condena de inhabilitación para cargo público
El informe responderá a los dos senadores de IU y compañeros de Zerolo en el Grupo Mixto, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, quienes han solicitado la aplicación del artículo 18 del Reglamento del Senado que prevé la pérdida de la condición de senador por “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”.
El propio senador presentó el pasado día 3 de noviembre su baja como parlamentario, pero con efectos a 31 de diciembre, es decir, que durante el actual periodo de sesiones tiene intención de mantenerse en el cargo. Zerolo es senador por designación del Parlamento de Canarias y forma parte del Grupo Mixto.
El que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife de 2005 a 2011 fue condenado el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por el llamado 'caso García Cabrera', por un delito de prevaricación cometido al contratar unas obras municipales de forma “arbitraria” y “claramente” ilegal, cuyo coste acabó sobrepasando los siete millones de euros de dinero público afectando así a “los derechos de los administrados y de la colectividad general”.
SEGUNDA REVISIÓN DEL CASO
La Mesa del Senado recibió la sentencia del Supremo en septiembre y ya entonces constató que Miguel Zerolo podía continuar en su escaño porque la inhabilitación dictada por el tribunal afecta a cargos de ámbito municipal y análogos, “para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito insular, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena”.
Los senadores de IU, sin embargo, reclaman que se aplique el artículo 18 del Reglamento del Senado, porque señala como causa de pérdida de la condición de senador contar con “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”, sin más precisión sobre el cargo público al que se refiere.
Por ello, la Mesa reclamó al Supremo una nota aclaratoria del alcance de su sentencia y realiza ahora un informe jurídico sobre si Zerolo puede o no mantener su escaño.
