Sesenta palestinos en Yimba, en la calle por las demoliciones israelíes

La familia de Mariam Mayambe durmió esta noche repartida entre casas de vecinos, después de que el Ejército israelí demoliese el martes su vivienda y otras 14 en la rural y empobrecida localidad de Yimba, al sur de las colinas de Hebrón, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

“Vinieron a las 06.30 de la mañana. Nos dio tiempo a recoger algunos enseres, porque tiraron antes otras dos casas. Sacamos las cazuelas, el hornillo, la bombona de gas, pero hubo cosas valiosas de la cocina que no pudimos salvar”, lamenta Mariam Mayambe, sentada sobre los escombros del que fue su hogar.

Esta mujer de 70 años asegura a Efe haber nacido y vivido siempre en este desértico poblado, que también habitaron sus padres.

Los alrededor de 250 vecinos residen en cuevas a las que han ido añadiendo estructuras de construcción precarias, varias de ellas donadas por organizaciones internacionales, que Israel considera ilegales por no contar con los permisos pertinentes.

Hace alrededor de un año, la ONG española Acción contra el Hambre ayudó a reconstruir varias viviendas, entre ellas la de los Mayambe y otras nueve más de las que han sido demolidas, a las que colocó techos y saneó.

En total, las excavadoras del Ejército israelí han tirado abajo quince estructuras residenciales en Yimba dejando en la calle a 60 personas -38 de ellas niños-, tres letrinas (donadas por la cooperación británica) y han confiscaron tres paneles solares financiados por Dinamarca.

Simultáneamente, en la vecina localidad de Halaweh derruyeron también en la mañana del martes otras siete casas y dos retretes, y confiscaron dos paneles solares y un coche, dejando atrás a 50 desplazados forzosos, 32 de ellos menores, dijo a Efe Yehuda Shaul, de la ONG israelí Rompiendo el Silencio.

Ambos pueblos están situados en la denominada Zona de Fuego 918, declarada en los años 80 zona militar cerrada por el Ejército y que está adyacente a la línea verde, que separa Israel del territorio palestino ocupado.

“El problema es que esto está a menos de un kilómetro de la línea verde y sus habitantes son pobres y no tienen ayuda. Israel trata de redibujar los mapas para que el 80 por ciento de sus colonos en Cisjordania permanezcan en territorio que se convierta en israelí. La intención es vaciar esto de habitantes palestinos para poder quedárselo”, explica a Efe Arik Ascheman, de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos.

Las 12 poblaciones afectadas en esta zona iniciaron una lucha legal hace quince años que se ha prolongado hasta ahora.

El lunes, el representante del estado comunicó al Tribunal Supremo que la mediación que este ordenó en 2013 y que dejó en suspenso las órdenes militares de demolición no había llegado a ningún resultado y, antes de que transcurriesen 24 horas, el Ejército ya había mandado a los bulldozers a hacer su trabajo.

“El objetivo era hacer el mayor daño posible antes de que el Supremo pudiese reaccionar y ordenar paralizar las demoliciones, como finalmente ocurrió hacia las once de la mañana, cuando las excavadoras se vieron obligadas a parar por una orden judicial” que las suspendía durante una semana, explica a Efe una fuente de la ONU que prefiere no ser identificada.

El jefe del consejo local de Yimba, Nedal Younis, asegura que su preocupación ahora es conseguir fondos para la reconstrucción y, mientras tanto, lograr que la Media Luna Roja (equivalente a la Cruz Roja) les facilite tiendas de campaña para que los desplazados puedan al menos resguardarse de las bajas temperaturas que se alcanzan en esta desértica zona en invierno.

Mientras, los habitantes del pueblo, que no tiene ni suministro eléctrico, ni agua corriente, ni desagües y donde conviven los vecinos con decenas de cabras, ovejas, gallinas y patos que campan a sus anchas, refuerzan estructuras con plásticos y piedras para cortar el paso al viento helado y hacer un hueco donde sea a los vecinos que se han quedado sin hogar.

“Aquí por la noche hace mucho frío. ¿Adónde vamos a ir?. No tenemos otro lugar”, dice Mayambe, mientras abraza a uno de sus nietos y explica que los que se han quedado sin casa tienen entre uno y ocho años.

Como las demás, su familia vive de criar cabras y cultivar campos de trigo y cebada, en esta árida tierra que no da para mucho más.

“Los sistemas solares que han llevado eran la única fuente eléctrica para diez familias, unas ochenta personas. Quitárselos les quita la posibilidad de vivir aquí”, dice Kamal Majambri, representante de la vecina municipalidad de Yata, de la que depende Yimba.

En una semana, el Tribunal Supremo deberá decidir si permite que las demoliciones militares continúen, y que la desgracia de los Mayambe se multiplique, dejando en la calle a otras decenas de vecinos que no tienen ningún otro lugar a donde ir.