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Spottorno y otros 11 directivos de Caja Madrid vuelven a estar imputados por las tarjetas 'black'

La Sala de lo Penal corrige al juez Andreu, que solo encontraba en los 12 indicios de responsabilidad civil a título lucrativo

Los magistrados consideran que es "prematuro" concluir que el dinero gastado con el plástico era parte de su retribución

UPyD gana el recurso después de abandonar la causa, obligado por los problemas económicos tras la debacle electoral

El Fiscal Anicorrupción cree que Spottorno debe ser partícipe a título lucrativo por las tarjetas

El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, a la salida de la Audiencia Nacional

Los doce directivos de Caja Madrid para los que el juez Fernando Andreu decretó el archivo de las actuaciones en el marco del caso de las tarjetas 'black' vuelven a estar imputados. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha estimado el recurso presentado por UPyD y considera prematuro el archivo para Rafael Spottorno y otros once exresponsable de la entidad rescatada.

En un auto, los magistrados consideran que las diligencias practicadas hasta ahora "no permiten excluir la participación de los acusados en los hechos objeto de investigacion, estimandose por ello precipitado el sobreseimiento acordado".

Los directivos para los que Andreu dictó el sobreseimiento ahora revocado son Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Matías Amat, Mariano Pérez Clavel, Juan Manuel Astorqui, Carlos Maria Martinez, Carmen Contreras, Carlos Vela, Rafael Spottorno, Ramon Martínez, Luis Gabarda y Enrique de la Torre. La Fiscalía apoyó el archivo para ellos.

Los jueces enumeran todos los "hechos" que les llevan a excluir, "al menos en este momento, que el uso por parte de los directivos de las tarjetas a las que se contrae la presente investigacion formara parte de su retribución fija", entre ellos, que carecían de soporte o justificación contractual, que no se practicaba la retención oportuna o que las cantidades obtenidas por este medio no eran declaradas por los perceptores. 

De este modo, UPyD gana un recurso a pesar de estar ya fuera del proceso, que abandonó después de la debacle electoral del 24-M y su consiguiente pérdida de financiación pública. Andreu había dejado a los doce mencionados como meros responsables civiles a título lucrativo, mientras que seguía imputando un delito de apropiaicón indebida y/o administración desleal a otros 56.

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