El Supremo de EEUU evalúa un caso clave sobre la separación entre la Iglesia y el Estado

Los jueces del Tribunal Supremo de EEUU se inclinaron hoy a favor de una entidad religiosa que demandó al estado de Misuri al acusarlo de violar sus derechos por excluirla de un programa de ayudas para reformar su patio, un caso de vital importancia que revisa la separación entre Iglesia y Estado.

Los nueve jueces del alto tribunal escucharon durante una hora los argumentos de las partes sobre el caso, que cuestiona la adjudicación de fondos públicos a entidades religiosas.

Durante la audiencia, los jueces de tendencia conservadora y progresista de la corte abogaron a favor de que la iglesia Trinity Lutheran de la ciudad de Columbia (Misuri) pueda solicitar los subsidios estatales destinados a las organizaciones sin ánimo de lucro para reformar su patio de juegos.

La iglesia tiene un centro de educación preescolar y una guardería y quería cubrir de goma el suelo del patio para hacerlo más seguro.

Las autoridades de Misuri le negaron los fondos para reformar sus instalaciones y entonces, en 2012, la iglesia demandó al estado sureño y cuestionó su decisión porque, aunque no tiene obligación de financiar actividades religiosas, tampoco puede negar fondos públicos a las organizaciones por causas religiosas.

Precisamente, la Iglesia protestante aseguró que Misuri le había negado los fondos públicos para su obra por su confesión y que, por tanto, había violado las garantías que establece la Constitución de Estados Unidos para proteger el derecho a la libertad religiosa de todos los individuos.

Algunos de los jueces progresistas del Tribunal Supremo, como Stephen Breyer y Elena Kagan, usaron esos argumentos para respaldar a la iglesia.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, la primera hispana en el Tribunal Supremo, fue la que se mostró más abierta a respaldar los argumentos de la Iglesia luterana y cuestionó los criterios que usan los estados para separar las actividades religiosas de las seculares a la hora de otorgar fondos públicos.

Frente a las preguntas de los jueces, el letrado de Misuri, David Cortman, defendió que no existe ningún tipo de discriminación porque la escuela y la guardería están afiliadas a una entidad religiosa y, por tanto, el estado ha cumplido con las reglas que impiden a las iglesias recibir fondos públicos.

Este es uno de los casos más importantes del curso judicial, pues podría redefinir las leyes de financiación de los grupos religiosos.

Tres cuartas partes de los 50 estados de Estados Unidos tienen reglas similares a las de Misuri para impedir la concesión de fondos públicos a entidades religiosas, por lo que una victoria de la iglesia sentaría jurisprudencia y permitiría a otras organizaciones conseguir financiación para diferentes propósitos, desde obras hasta asistencia para incrementar las medidas de seguridad.

Mucha de la atención la acaparó hoy el juez Neil Gorsuch, nombrado por Donald Trump y que el pasado 10 de abril juró su cargo como nuevo magistrado del alto tribunal tras el respaldo del Senado.

Gorsuch, de 49 años, es un férreo conservador que ha defendido en numerosas ocasiones la libertad religiosa de los individuos por encima de las regulaciones del Gobierno y que, por tanto, podría pronunciarse a favor de la iglesia protestante y cambiar la actual separación entre Iglesia y Estado.