El Supremo pide al Senado el suplicatorio para inculpar a Miguel Zerolo (CC)

El Tribunal Supremo tramitará en los próximos días ante el Senado el suplicatorio para inculpar al senador de CC y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por un posible delito de prevaricación, relacionado con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.

El instructor del caso en el Tribunal Supremo, Luciano Varela, ha solicitado hoy a la Sala Penal que haga lo necesario para que el Senado autorice la inculpación de Zerolo, es decir, ha pedido al Supremo que tramite el suplicatorio dirigido a la citada cámara parlamentaria.

La decisión se formalizará a través de la Sala de lo Penal, que acordará en los próximos días el trámite para que luego el presidente del Tribunal, Gonzalo Moliner, lo solicite oficialmente, según fuentes jurídicas. De este modo, podrá proseguir la investigación para decidir si se procesa y juzga al senador.

En el auto, Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación al dictar “resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento”.

El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo y que investiga Luciano Varela, quien ahora, al comprobar que los hechos son verosímiles y deben ser investigados porque podrían ser delictivos, ha pedido el suplicatorio.

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, considera el juez.

“El querellado, en su condición de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decidió solventar los múltiples reparos formulados” por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES S.A., que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio en virtud de un contrato de “mantenimiento”, expresa Varela en su auto.

Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria “Hermanos García Cabrera” sobrepasaban con mucho este concepto de “mantenimiento”, debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo la adjudicación a IMES S.A.

Así, y pese a los reparos de los funcionarios que intervenían la gestión de los fondos públicos, el alcalde obvió sus denuncias “en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada”.

Para sortear los reparos de los funcionarios, el alcalde se acogió a un informe contrario a los criterios de la intervención encargado a un cargo de confianza, recuerda también Varela.

“El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación municipal en este área”, y mucho más por un alcalde, concluye el auto.