Supremo argentino declara inconstitucional la ley de jueces suplentes

La Corte Suprema argentina declaró hoy inconstitucional la polémica ley de subrogancia, aprobada por el Parlamento en junio pasado para permitir la designación de jueces suplentes fuera de los procedimientos convencionales de elección de este tipo de cargos.

Según el fallo, la ley afecta la independencia judicial y la garantía del juez natural, ya que permite al Consejo de la Magistratura, órgano dominado por el oficialismo, elegir a los jueces suplentes sin sorteos ni parámetros y sin dar prioridad a los magistrados nombrados por el procedimiento constitucional habitual.

Además, según la sentencia, que ha contado con la unanimidad de la Corte Suprema, la ley permitía el nombramiento de dichos subrogantes con una mayoría inferior a la requerida para designar a jueces titulares, lo que, según dicta el fallo, pone en cuestión la independencia del sistema judicial.

El fallo de la Corte, difundido por el Centro de Información Judicial, invalida la elección del magistrado Laureano Durán, que había sido nombrado juez suplente del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad bonaerense de La Plata bajo los criterios de la ley aprobada este año, así como la designación de todos los jueces subrogantes nombrados en las mismas condiciones.

En este sentido, la sentencia de la Corte advierte de que en la actualidad cerca de un cuarto de los cargos en tribunales nacionales se encuentra vacante, algo que ha supuesto un aumento del número de nombramientos por el procedimiento de la ley de subrogantes frente a los elegidos por el mecanismo constitucional.

La ley de subrogancia es uno de los puntos clave de una disputa abierta que se libra desde hace años entre el Ejecutivo de Cristina Fernández y el Poder Judicial, un conflicto que se agravó especialmente en junio cuando el gobernante Frente para la Victoria consiguió mayoría en el Consejo de la Magistratura.

Este órgano decidió no renovar al entonces juez suplente de la sala I de la Cámara de Casación, Luis María Cabral, a cargo de importantes casos como el análisis de la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán para intentar esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994.

En su lugar, el Consejo de la Magistratura nombró a otro juez, considerado cercano al oficialismo, siguiendo el procedimiento ahora declarado inconstitucional por la Corte.

A raíz de la no renovación de Cabral, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia convocó una marcha pocos días después, donde su presidente, el juez Ricardo Recondo, denunció un “intento de copamiento político de la Justicia” por parte del Gobierno.

En aquel momento cargó además contra la supuesta intención por parte del Poder Ejecutivo de imponer un “modelo de inestabilidad de los magistrados” para “tener jueces manifiestamente adeptos”.