El Supremo británico dictamina que la ley del “brexit” escocesa cumple el ordenamiento

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó hoy que la ley del “brexit” aprobada por el Parlamento escocés está dentro de las competencias de esta institución, después de que el Gobierno británico decidiese llevarla ante la Justicia por considerar que incumplía el ordenamiento jurídico.

En el fallo emitido hoy, siete jueces sostuvieron unánimemente que el proyecto de ley escocés está “en su conjunto” dentro de las atribuciones de la Cámara autónoma, aunque existe una parte que sí estaría fuera de sus poderes.

La presidenta del Tribunal Supremo, Lady Hale, lo justificó al explicar que la ley del “brexit” aprobada por el Parlamento británico “cambia el panorama legal” y está “protegida de modificaciones”, por lo que la norma escocesa no podría “modificar, sustituir, desaprobar o revocar” ninguna de sus disposiciones.

Lady Hale hizo hincapié en que existe un debate político sobre qué instituciones del Reino Unido deben ejercer esos poderes, que serán devueltos desde Bruselas, pero recalcó que el papel de la corte es “puramente legal” y que su sentencia no interviene en “cuestiones políticas”.

“Deseamos dejar claro que no forma parte de nuestras funciones determinar o influir en las cuestiones políticas que subyacen en esta disputa”, señaló.

El pasado marzo, el Gobierno de la independentista Nicola Sturgeon presentó esta ley tras no conseguir pactar con Londres los más de 110 poderes que volverán a ser responsabilidad de las instituciones británicas, una vez el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

Un mes después, el abogado general del Estado del Reino Unido, Jeremy Wright, a instancias del Ejecutivo británico, anunció que llevaría ante la corte suprema las leyes aprobadas por los parlamentos de Escocia y Gales, al considerar que quedaban fuera de sus atribuciones.

Sturgeon calificó el fallo de “importante defensa” de la acción de su Gobierno al afirmar, en Twitter, que “con excepción de una sola sección, el proyecto de ley de continuidad se presentó dentro de la competencia del Parlamento escocés”.

Las normas refrendadas por la Cámara escocesa y la Asamblea de Gales prevén que estas regiones asuman 110 competencias en ámbitos como agricultura, pesca, medio ambiente, política alimentaria y contratación pública que consideran que les corresponde gestionar.

El Gobierno británico, sin embargo, prevé retener, tras el “brexit, al menos 24 de esas atribuciones de forma temporal para crear un marco general que se aplique a todo el Reino Unido.