El Supremo acepta las denuncias contra una emblemática pareja cercana a Lula y Rousseff

La Corte Suprema de Brasil aceptó hoy las denuncias de presunta corrupción formuladas contra la senadora Gleisi Hoffmann y su esposo y exministro Paulo Bernardo Silva, dos conocidas figuras del Partido de los Trabajadores (PT).

Hoffmann fue ministra de la Presidencia en el primer Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, destituida el pasado 31 de agosto por irregularidades fiscales, con quien su esposo ocupó la cartera de Comunicaciones, tras haber sido ministro de Planificación en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, líder incontestable del PT.

Ambos han sido acusados de recibir financiación ilegal para sus campañas por parte de empresas implicadas en la red de corrupción que actuó en la empresa estatal Petrobras.

Según la denuncia presentada por la Fiscalía General, que está cargo de esas investigaciones junto con la Policía Federal, Silva y Hoffmann recibieron al menos un millón de reales (hoy unos 310.000 dólares) de esa red, que no fueron debidamente declarados al fisco y a las autoridades electorales.

Hoffmann cobró notoriedad en los últimos meses en el marco del juicio político que acabó con la destitución de Rousseff, de quien fue una ferviente defensora durante las audiencias realizadas en el Senado, que estuvo a cargo del proceso junto con la Corte Suprema.

Tanto Silva como Hoffmann han rechazado las acusaciones y, como otros dirigentes del PT salpicados por denuncias de corrupción, las han atribuido a una “persecución política” contra ese partido, que estuvo en el poder durante los últimos trece años.

La decisión que sienta en el banquillo de los acusados a Hoffmann y Silva ha sido tomada en plena recta final de la campaña para las elecciones municipales del próximo domingo, que supondrán la primera prueba electoral del PT tras la destitución de Rousseff.

Además del proceso que ha sido iniciado hoy por el Supremo, el exministro Silva responde en tribunales de primera instancia a otras acusaciones relacionadas a una trama de corrupción descubierta en la época en que era titular de la cartera de Planificación.

En ese caso, se trata de sospechas de multimillonarios fraudes con créditos que la banca estatal ofrece a los empleados y jubilados del sector público, de los que se habrían beneficiado tanto Silva como otros dirigentes del PT.

Por ese asunto, Silva llegó a ser detenido en junio pasado, pero fue excarcelado tras una apelación de su defensa que le permitió responder al proceso en libertad.