El Supremo habilita agosto para acelerar el juicio al procés

El Tribunal Supremo (TS) ha habilitado el mes de agosto para practicar actuaciones judiciales en la causa abierta por el procés y, de esta forma, acelerar los plazos para afrontar el juicio.

Se trata de la primera decisión que toma la Sala que enjuiciará los hechos tras el auto de conclusión del sumario dictado por el juez del Supremo Pablo Llarena el pasado 9 de julio.

Dicha Sala está compuesta por el presidente Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, quienes formarán parte del tribunal que enjuiciará los hechos, aunque es posible que se puedan sumar otros dos magistrados.

En este auto, la Sala acuerda “habilitar el mes de agosto para la práctica de actuaciones judiciales en la presente causa”, lo que se traduce en que dicho mes cuenta para la presentación de escritos.

Los magistrados han tomado esta decisión “atendiendo a que varios de los procesados en esta causa se hallan en prisión preventiva” por lo que “para dotar a estos autos de la máxima celeridad” se acuerda “la habilitación del mes de agosto para la práctica de todas aquellas actuaciones que fueran necesarias con dicho fin”.

De hecho, una de ellas es resolver las peticiones de libertad de los nueve procesados encarcelados, para lo cual esta misma Sala ha dado un plazo de dos días a las partes para que formulen sus alegaciones a los escritos de las defensas de los investigados.

Los abogados de los procesados que están en prisión preventiva solicitaron en bloque al Tribunal Supremo que excarcele a los encausados, una vez que la justicia alemana ha descartado extraditar por rebelión al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras alega en su escrito que el Govern está actuando “con normalidad” y que si le excarcelan no podrá “incidir” en actuaciones de la Generalitat “que pudieran remotamente asimilarse” a los hechos por los que ha sido procesado.

Mientras que los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez piden su puesta en libertad ante el “contexto de normalización política” que se vive en Cataluña y para rebajar una “tensión social” que creen puede agravarse de cara a la Diada o al aniversario del 1-O.