El Supremo rechaza los incidentes de nulidad de 20 condenados del caso Malaya

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por una veintena de condenados del caso Malaya, centrado en la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, y ha precisado que “no procede realizar pronunciamiento alguno sobre la petición de suspensión de la ejecución de la pena”.

Esta solicitud fue formulada por algunos de los recurrentes que impulsaron tales incidentes, según indica la sala de lo Penal del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que se desestima la nulidad y contra el no cabe interponer recurso alguno.

Esas iniciativas fueron promovidas, entre otros, por el exasesor urbanístico del consistorio marbellí y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 17 años de cárcel, seis años más que la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga.

Impulsaron también los incidentes de nulidad ahora rechazados otros integrantes de la corporación municipal de Marbella como la exalcaldesa Marisol Yagüe y los exconcejales Isabel García Marcos, Pedro Pérez, Tomás Reñones o Pedro Román.

La ejecución de la sentencia del caso Malaya se retrasaba debido a los incidentes ahora resueltos y a un error en el fallo del Supremo que incrementó la pena a algunos procesados, pese a que estos aumentos no fueron solicitados por las acusaciones.

El Tribunal Supremo dictó su sentencia sobre el caso el pasado 27 de julio a raíz de un recurso de casación, tras lo cual se presentaron los referidos incidentes que alegaban diversas vulneraciones de derechos fundamentales.

Entre los promotores de estos incidentes están los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Juan German Hoffman o los exediles Vicente Manciles, María del Carmen Revilla, María José Lanzat, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Rafael González, José Luis Fernández y Belén Carmona y así hasta veinte de los condenados.

En el caso de Roca, su procuradora alegó entre otras vulneraciones las infracciones del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión y del derecho a la presunción de inocencia.

Sobre el error que incrementó la pena a algunos procesados, los letrados de los afectados presentaron un recurso y el fiscal Anticorrupción reconoció los hechos, por lo que instó “a la rectificación del error cometido”, según un escrito del ministerio público.