Supremo panameño archiva denuncias contra titular de Parlamento por donativos

La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó hoy dos denuncias presentadas en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, por los polémicos donativos y subsidios que otorga el Legislativo, fuertemente criticados por distintos sectores por clientelistas.

El pleno de nueve magistrados la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se declaró en sesión permanente para atender el asunto, decidió por mayoría no admitir las denuncias presentadas por los abogados Ernesto Cedeño y Alexis Sinclair, y dictaminó su archivo, informó en un comunicado el Órgano Judicial (OJ).

Las polémicas donaciones y subsidios con fondos públicos, que superaron los 12 millones de dólares entre 2014 y 2016, y que en muchas ocasiones, según versiones de prensa local, no llegaron a sus beneficiarios, han sido duramente cuestionadas por varios sectores, entre ellos la patronal empresarial.

Cedeño denunció en marzo pasado a De León, diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), por la supuesta comisión de los delitos contra la honradez del sufragio, asociación ilícita y peculado.

La no admisión de la denuncia de Cedeño fue avalada por cinco magistrados, uno se abstuvo y tres votaron en contra, mientras la de Sinclair fue rechazada por siete votos a favor y dos abstenciones.

Sinclair denunció además al contralor general de Panamá, Federico Humbert, pero los magistrados resolvieron “inhibirse” en este caso.

En cuanto a la acción interpuesta por Sinclair, el debate se circunscribió a la “ausencia de prueba idónea” en la denuncia contra el presidente de la Asamblea Nacional y el contralor, explicó el OJ.

El pasado 16 de marzo, la CSJ declaró inconstitucional el decreto 441 de la Contraloría General de la República (CGR) que regula los millonarios y polémicos donativos y subsidios que otorga el Parlamento panameño con fondos públicos.

La CSJ resolvió así una demanda de inconstitucionalidad que Cedeño presentó en 2016 contra este decreto y la figura “clientelista” de los donativos y subsidios de la Asamblea Nacional.

La Contraloría reaccionó a la decisión con un comunicado en el que aseguró que el único interés que tuvo al emitir este decreto, que incluye un manual de control, fue “poder restringir el uso sin regulación” del dinero público, ya que antes no existía ningún tipo de limitación para disponer de este.

Este decreto levantó suspicacias en la opinión pública y el rechazo de sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.

“Me parece que no es consistente la decisión de la Corte”, dijo hoy Cedeño a Efe tras conocer del archivo de su denuncia.

Cedeño afirmó que se ha perdido “una buena oportunidad de llevar un mensaje claro que nuestro país está luchando contra la corrupción y espero que eso nos lleve a la reflexión”.

“Creo que nuestro sistema está de luto por esta decisión (...) a los diputados que se lucraron de la miseria del panameño, espero que los atrape la justicia celestial”, expresó el jurista.

Auditores de la Contraloría revisan los controvertidos donativos y contrataciones del Legislativo, tras revelarse indicios de corrupción en la emisión de montos millonarios.

Los auditores investigarán donaciones y subsidios que superaron los 12 millones de dólares entre 2014 y 2016, según un informe que el Ministerio de Economía y Finanzas le facilitó en su momento al abogado Cedeño.

El Parlamento también designó una comisión interna formada por tres diputados para investigar cualquier irregularidad en el manejo de varios millones de dólares por parte de los diputados destinados a personas y grupos sociales.