El Supremo salvadoreño admite amparo para enjuiciar funcionarios por corrupción

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema admitió un amparo contra la Sala de lo Civil por emitir una sentencia que evita enjuiciar por corrupción a los funcionarios que no manejan fondos estatales, informó hoy el Órgano Judicial.

De acuerdo con la sentencia emitida este miércoles, los jueces constitucionales admitieron el recurso presentado por el fiscal general, Douglas Meléndez, por “la supuesta vulneración al derecho a la seguridad jurídica en relación con el principio de legalidad”.

La decisión judicial cuestionada de la Sala de lo Civil revocó totalmente una sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro en un proceso contra el diputado Reynaldo Cardoza y su esposa por enriquecimiento ilícito.

Dicho fallo establece solo se podrá procesar de manera civil a los funcionarios cuyo cargo implique el manejo de fondos estatales y que tengan un incremento injustificado de su patrimonio.

“La actuación impugnada produce efectos jurídicos graves y lesivos para la seguridad jurídica y los intereses del Estado”, porque limita la posibilidad de la Fiscalía de “tramitar el proceso de enriquecimiento ilícito cuando los funcionarios no administren o manejen fondos públicos”, argumentó Meléndez en el amparo.

Por otra parte, los jueces constitucionales volvieron a congelar los bienes del diputado del opositor Partido de Concertación Nacional (PCN), con los que la Fiscalía busca que Cardoza reintegre al Estado el monto que supuestamente obtuvo de manera ilícita.

Un tribunal civil falló a favor de Cardoza y su esposa en marzo de 2017 en un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 300.000 dólares y que fue ordenado por el pleno de la Corte Suprema.

El juicio fue ordenado a raíz de una investigación de la Sección de Probidad, que estableció que el diputado adquirió inmuebles “sin recurrir a la constitución de créditos y sin registrar retiro de fondos de sus cuentas bancarias”.

Este proceso civil es uno de los varios que ordenó la Corte Suprema salvadoreña, entre ellos los de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) y que derivaron en las causas penales que enfrentan actualmente.