El Supremo venezolano promete celeridad judicial por 43 muertes en protestas

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Gladys Gutiérrez, prometió hoy tutela y celeridad en el castigo a los culpables de las 43 muertes que dejó la oleada de protestas antigubernamentales de inicios de año.

“Estaremos siguiendo cada uno de los procesos contra quienes cometieron estos hechos para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la debida celeridad procesal”, declaró Gutiérrez a los periodistas tras recibir al “Comité de Víctimas de la Guarimba (barricadas) y del Golpe de Estado continuado”.

Las protestas, convocadas por un sector de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro en busca de su renuncia o destitución, comenzaron en febrero y se extendieron hasta junio pasado.

Algunas de ellas derivaron en hechos de violencia que, además de las muertes, causaron centenares de heridos y más de 3.000 detenidos, y diversos daños materiales.

Alrededor de 50 activistas opositores permanecen en prisión por supuestamente disparar contra miembros de la fuerza pública, así como diez policías involucrados en la muerte de algunos opositores.

Entre las víctimas también se contabilizan transeúntes atrapados en situaciones de fuego cruzado y por disparos de francotiradores, y algunos de sus familiares integran el Comité de Víctimas junto a deudos de fallecidos afines al Gobierno.

“Nuestro compromiso son la Constitución y las leyes, luchar contra la impunidad (...), reivindicamos en el Poder Judicial el derecho del pueblo venezolano a vivir con justicia y en paz”, añadió la presidenta del Supremo de Justicia.

Además de los delitos contra la vida, en las protestas contra el Gobierno se registró la “vulneración” de otros derechos, entre ellos “al libre tránsito, a la salud y a la educación”, añadió Gutiérrez.

Tras su vista al TSJ, los integrantes del Comité se reunieron con la titular de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien les dijo que los jueces y sus funcionarios “están comprometidos, como poderes del Estado, a dar impulso y seguimiento a todas las causas” judiciales en marcha.

La mayoría de procesos tratan acusaciones penales, y “nosotros, como Defensoría del Pueblo, más bien tenemos a cargo casos sobre personas detenidas en el marco de los hechos violentos”, apuntó Ramírez.

En la Defensoría del Pueblo “somos muy conscientes de la preocupación” de los familiares de las víctimas, añadió.

La defensora del Pueblo destacó, entre los casos de quienes la visitaron, el del padre de un chófer de moto que murió degollado por un cable utilizado para cortar el tránsito en una calle de Caracas, en uno de los hechos de mayor impacto registrados entonces.