El Supremo venezolano acusa a la oposición parlamentaria de erosionar la estabilidad

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela afirmó hoy que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) pretende “erosionar la estabilidad política, democrática y el orden constitucional” del país al impulsar un proceso con el que pretende destituir a siete de sus magistrados.

En un comunicado, el Supremo rechaza lo que considera pretensiones de “un sector de la AN” y también repudia “categóricamente cualquier acto que pretenda deslegitimar la actuación” de los magistrados de la Sala Constitucional, a quienes la oposición acusa de haber perpetrado un “golpe de Estado”.

“Este sector que se mantiene en desacato, persiste en desconocer, lo establecido en el artículo 265 de nuestra Constitución que expresamente demanda la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del TSJ, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano”, señala la nota.

El Poder Judicial asegura también que continuará “dando respuestas a las necesidades” del país “en cumplimiento de la legalidad y de la interpretación prudente y estricta” de la Constitución “para de esta forma preservar la tranquilidad y la paz”.

Asimismo, indica que los miembros de la Sala Constitucional que firmaron la semana pasada dos sentencias -revocadas en sus puntos más controvertidos- que despojaban a la Cámara de sus competencias y limitaban la inmunidad parlamentaria, “han actuado en cumplimiento de los mandatos constitucionales en resguardo del orden democrático y la paz social”.

“Exhortamos al cuerpo legislativo nacional a cumplir con la Constitución y las leyes para preservar el estado de derecho en resguardo de la independencia y autonomía de los Poderes Públicos”, agrega el comunicado en el que el Supremo invita al diálogo “como único camino para preservar la paz”.

La oposición parlamentaria ha dicho que mañana iniciará en la Cámara este proceso para remover a los siete magistrados aunque la Constitución establece que, para concretar estas destituciones, es necesario el aval previo del Poder Ciudadano, una instancia que ha negado la ruptura del orden constitucional en el país.