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TS revisa hoy la condena al exportavoz de IU en Asturias por prevaricar con monolitos de memoria histórica
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo verá su recurso y el del también condenado en esta causa Roberto Moro Tella, quien ostentaba el cargo de Secretario General Técnico en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social en el momento de los hechos.
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) implicó para Ángel González la pérdida de la condición de diputado electo de la Junta General del Principado, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera.
FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE CONTRATOS
El TSJA sostenía de forma rotunda en su resolución que existió un fraccionamiento ilegal de contratos públicos contrario al ordenamiento legal vigente y que la decisión de fraccionar los contratos “obedeció exclusivamente a la voluntad del acusado Ángel González que era, en el momento de los hechos, viceconsejero Bienestar Social”.
Señalaba también que el actual diputado de IU en la Junta General “lo pudo hacer al contar con la aquiescencia y el respaldo del coacusado Roberto Moro Tella que ostentaba el cargo de Secretario General Técnico en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social”.
El fraccionamiento ilegal quedó “plenamente acreditado” por la prueba documental obrante en los autos y así para un único suministro de 81 hitos conmemorativos de las fosas comunes de piedra caliza con apertura de caja para colocación de placa así como transporte y colocación en diversos lugares de Asturias, el acusado Ángel González dictó tres resoluciones adjudicando cada uno de ellos, mediante la modalidad de contrato menor de suministro, la fabricación, entrega y colocación de 27 de dichos hitos.
Consideró también relevante el TSJA la prueba testifical de Manuel Fernández Martínez, representante de la empresa New Construction SL. y otorga “plena credibilidad” a las declaraciones de otros testigos. El TSJA sostiene que queda acreditado que Ángel González “era plenamente conocedor de la arbitrariedad que suponía el fraccionamiento realizado y lo era porque fue expresamente advertido por la funcionaria responsable de la contratación de la funcionaria Mónica Montes”.
“Queda para la Sala plenamente acreditado que se produjo una contratación en contradicción con la normativa interna de la Consejería y en contra de la normativa sobre contratación pública y que está únicamente se produjo por la arbitrariedad del viceconsejero que en aras de una tramitación para él urgente por razones políticas obvió los procedimientos legales procediendo a fraccionar un contrato en tres contratos menores de suministro distintos”, reflejaba la sentencia.
