El TSJC ordena adaptar la educación en catalán y castellano para nueve alumnos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al departamento de Enseñanza de la Generalitat que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que nueve alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza sin que esto conlleve su “segregación por razón de lengua”.

En seis autos distintos -correspondientes a las seis familias demandantes-, que se han notificado hoy, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza que adopte, de forma cautelar, “cuantas medidas sean precisas” para que estos alumnos tengan el castellano también como lengua vehicular, al menos hasta que se resuelva definitivamente la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la consellería que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria. El tribunal, de este modo, insta a la Generalitat a adaptar el sistema de enseñanza lingüística a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán.

Sin embargo, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha dejado claro que recurrirán la medida, porque no contemplan “el derecho a la opción lingüística”. La consellera, como ya quedó claro el mes pasado cuando se hizo público el borrador de la LOMCE, se muestra fiel a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), cuyo principal objetivo en materia lingüística es, según Rigau, “que al final del proceso educativo todos los alumnos dominen el catalán y el castellano”, un fin que la consellera asegura que solo se puede cumplir con el actual modelo de inmersión.

En relación a la LEC, Rigau ha revelado que la mayoría de estos nueve alumnos solicitantes se encuentran en la etapa infantil, de modo que la ley ya ampara sus peticiones. La LEC contempla que en la “primera enseñanza” -es decir, la infantil-, las familias cuya lengua habitual sea el castellano pueden instar al departamento a que sus hijos reciban una “atención lingüística individualizada” en dicha lengua.

La consellera ha subrayado que, a su parecer, lejos de tratarse de una decisión pedagógica, “otra vez se trata de una cuestión política”. Según Rigau, este es el enésimo “ataque al autogobierno de Cataluña”.

Los antecedentes

Esta misma sección del TSJC fue la que, en 2011, en relación con el recurso presentado por otras tres familias, dictó un auto en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat.

La sección quinta también reconoció en mayo de 2012 el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una “grieta” del sistema educativo catalán.

En los seis autos, la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJC advierte que, pese a que da la razón a los padres a la hora de fijar la medida cautelar, ello no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso.

Los seis autos notificados hoy cuentan con un voto particular en contra por parte de uno de los tres magistrados de la sala, que estima que la decisión adoptada va “más allá” del contenido propio de una medida cautelar y comporta “una suerte de ejecución anticipada de una hipotética sentencia estimatoria” del recurso presentado por los padres.

En un comunicado de prensa, el TSJC ha aclarado que los autos notificados hoy no suponen “en absoluto” la segregación de los alumnos por razón de lengua.