Timor Oriental pide ante CIJ que Australia le devuelva documentos confiscados

Timor Oriental demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Australia le devuelva el material incautado en diciembre durante un registro policial en Camberra a la oficina de uno de sus abogados, informaron hoy medios locales.

Timor Oriental considera que ese registro a la oficina de Bernard Collaery, quien representa a este país asiático en una disputa en torno a un tratado de explotación de gas y petróleo suscrito con Australia en 2006, “no tiene precedentes, es impropio e inexplicable”, según la cadena local ABC.

Australia argumenta que el operativo realizado por agentes de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO) se apoya en la defensa de su seguridad nacional, pero Timor Oriental reclama que se ha violado su seguridad y soberanía, así como el Derecho internacional.

Asimismo, Timor Oriental considera que ese registro policial supone una desventaja en el proceso ante la CIJ sobre la validez del tratado porque contienen detalles de las acusaciones formuladas sobre el supuesto espionaje que realizó Australia a funcionarios timorenses durante las negociaciones de ese acuerdo.

EL representante de Timor Oriental ante la CIJ, Eli Lauterpacht, dijo el lunes que esta “conducta sin precedentes, impropia y evidentemente inexplicable no ha sido realizada por un Estado que no suscribe los estándares internacionales de comportamiento legal, sino por un Estado con un considerable estándar internacional”.

El letrado exigió que Australia devuelva el material incautado “sin alteraciones ni demoras”.

La demanda para que Australia retorne los documentos incautados en diciembre a Collaery se realizó en una vista pública en la CIJ, a diferencia del proceso referido a la validez del tratado de 2006 que se realiza a puerta cerrada en la Corte Permanente de Arbitraje, también con sede en La Haya, precisó la ABC.

Dili argumenta que el supuesto espionaje a sus funcionarios realizados en 2004 durante las negociaciones de este tratado buscó favorecer al país oceánico y beneficiar al consorcio australiano liderado por Woodside Petroleum.

Este acuerdo permitió la explotación conjunta de los pozos de Greater Sunrise, situados a unos 150 kilómetros al sur de las costas marítimas de Timor Oriental y 450 kilómetros al norte de la ciudad australiana de Darwin.

El denominado Acuerdo Marítimo en el Mar de Timor estableció una división del 50 por ciento de los ingresos provenientes de los yacimientos energéticos para cada nación, que se calcula en unos 35.260 millones de dólares (25.950 millones de euros).

“Somos uno de los países más pobres del mundo, por lo que necesitamos esos recursos, el petróleo y el gas, para ayudar al desarrollo de nuestro país”, dijo a la ABC el ministro timorense de Exteriores, Jose Guterres, tras la audiencia en La Haya.