Torme aporta al juez documentos que acreditan los cobros en exclusiva de Pujalte

La defensa de la exsenadora Ana Torme ha aportado a la juez que la investiga junto al exdiputado Vicente Martínez Pujalte por el cobro de trabajos supuestamente inexistentes a través de una empresa de la que eran socios, documentos que acreditan que Pujalte realizó cobros y facturas en exclusiva.

Estos documentos figuran en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, en el que el letrado de Torme aporta documentos que dan cuenta de los trabajos que realizaba Pujalte a “sus clientes” para ser cobrados por él mismo en exclusiva, pero con facturas emitidas por Sirga.

Además, la defensa solicita en este escrito que se cite a declarar al exdiputado Pedro Gómez de la Serna y al exembajador Gustavo de Arístegui, si bien la magistrada las ha rechazado al considerar que por el momento no hacen falta, como tampoco la del exdiputado Alejandro Ballestero, quien esta semana quedó apartado del procedimiento al haber prescrito los delitos que se le imputan.

La defensa ha recurrido la providencia de la magistrada en lo referente a Ballestero, que pide citarle como testigo, y sobre Martínez Pujalte, de quien reclamó que declarara nuevamente a la luz de los nuevos documentos aportados y que la juez ha rechazado.

Pedro Gomez de La Serna es administrador de Scardovi, S.L.; Gustavo de Arístegui, de Karistia S.L., y Alejandro Ballestero, de Mind Talent Selection S.L., empresas que, según Torme, efectuaron pagos a Sirga XXI Constructores, de la que era socia al 50% junto a Pujalte, por trabajos que podrían no haberse realizado.

Torme defiende que no sabía quiénes eran los administradores de todas estas empresas, pese a que luego supo que les conocía e incluso eran amigos por ser diputados del PP, si bien Pujalte manifestó ante la juez que ella sí sabía que se trabajaba para ellos y que cobraba el 50%.

En concreto, señaló que ella participó de todos los ingresos a excepción de dos (Marcenado y Corporación Llorente), lo que da a entender que cobró de las empresas Scardovi y Karistia, pertenecientes a De la Serna y a De Aristegui.

Pero con la documentación aportada se acredita, según Torme, que esas facturas eran emitidas en nombre de Sirga XXI, pero que era Martínez Pujalte la única persona que cobraba por ellos y la que firmó las facturas emitidas a sus clientes y que soportarían, caso de existir, los trabajos de los que se tiene duda.

Destaca que de las 44 facturas emitidas por Sirga entre 2008 y 2011 a varias mercantiles, 39 tienen la firma de Pujalte, tres no llevan, una es de Torme y otra contiene una imitación de la firma de la exsenadora.

Hay cinco facturas de 15.000 euros a Corporación Llorente, 23 de 3.000 euros a Marcenado, siete a Scardovi -una de 4.500 y seis de 1.500- y nueve a Karistia, una de 4.500 y ocho de 1.500.

Pero no es lo único. Torme acusa a Pujalte de mentir y le advierte de emprender acciones legales por ello.

La Fiscalía de Valladolid abrió diligencias el pasado mayo contra Pujalte y Torme por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que decidió inhibirse en favor de los juzgados de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en la capital de España.

El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia previa de la propia exdiputada del PP presentada el 15 de junio de 2015 contra Martínez Pujalte, al que acusa de haberla engañado.

Martínez Pujalte y Ana Torme compaginaban su labor parlamentaria con su dedicación a la empresa de consultoría Sirga XXI, constituida en octubre de 2008, de la que eran socios y a través de la que podrían haber cobrado por trabajos no realizados. Torme abandonó la empresa al venderle su participación en 2011.