Transparencia Internacional recomienda esperar a que se abra juicio oral para que un cargo público abandone su puesto

“Nosotros en principio decimos que esté procesado, es decir, que además de la imputación ya haya o bien juicio oral o bien escrito de acusación por el fiscal, que quiere decir que ya hay indicios claros”, ha recalcado este jueves en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

En todo caso, Lizcano ha subrayado que se trata de “un tema delicado que hay que perfilar bastante” porque “si muy a la ligera se imputa a una persona porque se ha querellado alguien contra ella”, desde el Juzgado “se le da trámite por si acaso y luego resulta que no tenía fundamento”, la persona sale perjudicada porque “se le está desacreditando”.

“Por tanto hay que ser cauteloso en eso y por eso decimos que cuando ya hay indicios claros, que lo marcamos en esos dos momentos jurídicos, ya creo que tiene que dejar el cargo o en todo caso no presentarse a las elecciones”, ha zanjado.

Con todo, también ha admitido que el “interés común” se ve además perjudicado cuando hay “indicios claros” pero aún no se ha llegado a la apertura de juicio oral, por lo que ha sugerido que “si se simplificaran un poco los trámites judiciales se avanzaría en este terreno”.

“HAY MEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS”

Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que se limite a dos o tres legislaturas el tiempo que puede estar un cargo en política, Lizcano ha explicado que, a su juicio, “hay otras medidas mas significativas que acotar los términos de los mandatos” porque estar más o menos tiempo en un puesto “no significa que tenga más riesgos de corrupción, necesariamente”.

Sin embargo, sí que ha recomendado que “los ciudadanos que ocupen un cargo público, estén un tiempo y luego vuelvan a su profesión privada” porque, según ha relatado, “de alguna manera eso también enriquece porque los nuevos van aportando ideas” y “es importante que haya una especie de innovación permanente en la política”

CONTROL DE TRANSPARENCIA SOCIAL

En cuanto al control de los viajes que realizan los parlamentarios, Lizcano ha asegurado que la mejor que se puede llevar a cabo es la “transparencia social”, que sean los ciudadanos los que comprueben en internet sus desplazamientos.

En este sentido, ha recordado que el Transparencia Internacional negoció y firmó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha llevado a que se publique en la web del órgano “una relación de todos los viajes de todos los consejeros diciendo para qué ha ido a ese sitio, los gastos de desplazamiento, de alojamiento, de manutención”.

Así, respecto a cómo se debería registrar la actuación de los parlamentarios ha sugerido que “no es más que se pongan de acuerdo, que cambien el reglamento y pasen a ser transparentes”. “Simplemente que digan a donde van, por qué van y lo que gastan, porque es dinero nuestro”, ha sentenciado.