El Tribunal Constitucional rumano tumba la ley que despenalizaba la corrupción política

El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) declaró hoy inconstitucional la reforma del código penal que blinda a los cargos electos respecto a posibles sanciones por corrupción, una medida que ha sido criticada duramente por la Unión Europea (UE) y también por Estados Unidos.

El Parlamento rumano, con mayoría absoluta de la coalición de centroizquierda del primer ministro Victor Ponta, aprobó en diciembre las enmiendas que establecían que el presidente de la República, los diputados y senadores ya no son considerados empleados públicos.

De esta manera, el poder judicial rumano y el Departamento Anticorrupción no podrían actuar contra estos políticos en casos de un conflicto de intereses.

El fallo del Constitucional estima que estas enmiendas violan las disposiciones de la Constitución sobre el Estado de Derecho y sobre aquellas que consagran el principio de “igualdad de derechos”.

Mientras que Bucarest se halla bajo una estricta vigilancia por parte de Bruselas para reforzar la lucha contra el abuso de poder, la Comisión Europea ha señalado que esta reforma del código penal aparecerá en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se dará a conocer a finales de enero.

Ponta, por su parte, propone que las enmiendas vuelvan a debatirse después de que se conozcan las conclusiones de una Comisión Especial, que tiene como fecha límite el 1 de febrero.

El Gobierno alega que el Ministerio de Justicia no ha consultado las modificaciones introducidas en una reunión secreta y votadas cuando Ponta asistía a la ceremonia de homenaje por la muerte de Nelson Mandela en Sudáfrica.

La polémica reforma del Código Penal iba a beneficiar también a los abogados y a otros profesionales liberales, que tampoco serían investigados ni sancionados por delitos de corrupción.

El presidente de Rumanía, el conservador Traian Basescu, había anunciado que devolvería las enmiendas al Parlamento.

En los dos últimos años la Justicia rumana condenó a penas de cárcel a un exprimer ministro y varios exministros por actos de corrupción.